Jueces por votación y el error judicial
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Los jueces de México van a paro contra la revisión del poder judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que los jueces sean electos por votación popular, no nombrados. Los trabajadores de los tribunales ya se han declarado en huelga para protestar contra su plan.
La decisión de suspender actividades en el Poder Judicial es motivada por la reforma constitucional que plantea Morena y aliados. Esta propone la elección de ministros, jueces y magistrados a través del voto popular, así como otras medidas que podrían afectar los derechos laborales de trabajadores debido a la eliminación de fideicomisos.
La iniciativa mencionada es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal. Además de confundir la causa del problema. Si se trata de corrupción, se requieren dos personas, un servidor público y un ciudadano.
El problema de la reforma judicial no radica en la elección popular de jueces, magistrados y ministros o en que se otorgue demasiado poder a la población, lo preocupante está en que la votación de autoridades judiciales sea filtrada por intereses políticos y financiamiento con recursos de procedencia ilícita.
México merece un Poder Judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, y un sistema de procuración de justicia con mayor capacidad para esclarecer delitos y perseguir a quienes los cometen, basándose en pruebas sólidas. La reforma propuesta está lejos de avanzar hacia esos objetivos imprescindibles para garantizar el acceso a la justicia.
En los últimos años el presidente López Obrador ha señalado al Poder Judicial como responsable de la impunidad, y de manera continua exhibe a jueces por liberar personas, dando a entender que es producto de prácticas corruptas, promoviendo la idea que el castigo debe prevalecer por encima del debido proceso. De igual forma ha señalado a los jueces por otorgar suspensiones contra el daño ambiental por la construcción del tren maya. Para AMLO la deforestación no es impacto ambiental de cuidado, sin embargo, ha declarado en sus mañaneras que la construcción de edificios en zonas urbanas es un ecocidio.
Según los convocantes al paro, la suspensión de labores continuará de manera indefinida hasta que no se paralice el actual proceso de reforma. Además, pidieron “reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia” en México.
Los cambios que pretende el gobierno permitirían, entre otras cosas, que prácticamente cualquier persona con un título en derecho y algunos años de experiencia como abogado pudiera ser elegido juez. Y dado que el partido oficialista Morena y sus socios lograron en junio una muy amplia mayoría, muchos académicos temen que los jueces tengan un sesgo político si son elegidos mediante la votación de la ciudadanía.
El riesgo para el país y sus finanzas es que, en el contexto internacional, si bien una resolución judicial puede resolver una controversia jurídica, esto no es obstáculo para que los particulares acudan a organismos internacionales como es el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y soliciten la indemnización por malas sentencias.
Cabe recordar que la Suprema Corte ha reconocido este derecho para cualquier ciudadano en sesión del Tribunal en Pleno determinando que en México las personas tienen derecho a demandar una indemnización por “error judicial”, con fundamento en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), cuando hayan sido condenadas mediante “sentencia firme” y durante el procedimiento haya habido violaciones a los derechos humanos. Un derecho humano es la administración de justicia, lo cual implica una correcta fundamentación y motivación de las resoluciones.
Las reparaciones del daño pueden ser millonarias y con cargo a los impuestos que pagamos los ciudadanos.
