Irán confirma más de 3,100 muertos tras las protestas: Cifras oficiales chocan con denuncias de ONG
FOTO: Especial
En un hecho inédito desde el inicio del estallido social a finales de diciembre, el gobierno de Irán ha publicado su primer balance oficial de víctimas mortales.
Medios estatales informaron este jueves que 3,117 personas murieron durante las manifestaciones; sin embargo, activistas y organismos internacionales cuestionaron de inmediato esta cifra.
De acuerdo con la información difundida por la televisión estatal IRIB, que cita datos de la Organización Médica Forense del país, este número representa el saldo final de lo que las autoridades denominan “disturbios”.
La narrativa oficial: “Mártires” y “Víctimas Inocentes”
La Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, entidad financiada por el Estado, ofreció un desglose de estas cifras bajo una óptica religiosa y política. Según su comunicado, 2,427 de los fallecidos son considerados “mártires”.
Esta clasificación agrupa tanto a miembros de las fuerzas de seguridad como a civiles que, según la versión gubernamental, eran víctimas “inocentes” ajenas a las protestas.
La Fundación sostiene que el fuego cruzado alcanzó a muchos transeúntes y que “elementos terroristas organizados”, infiltrados en la multitud, atacaron a los manifestantes.
Sin embargo, el organismo no presentó pruebas forenses ni detalles específicos que respalden la teoría de tiradores externos.
Acusaciones de injerencia extranjera
El discurso de Teherán se mantiene firme en negar el carácter espontáneo de la movilización. Las autoridades han tildado el movimiento de “terrorista”, alegando que Estados Unidos instigó directamente la violencia.
En un artículo de opinión publicado el martes en el “Wall Street Journal”, el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, reforzó esta postura.
El diplomático aseguró que las fuerzas de seguridad contuvieron la “fase violenta” de las protestas en menos de 72 horas.
Araghchi argumentó que las amenazas de Washington incentivaron a los “conspiradores” a buscar un “máximo derramamiento de sangre”.
Además, lanzó una advertencia: aunque Irán prefiere la paz, responderán “con todo lo que tienen” ante futuros ataques, alejándose de la “moderación” que, según él, mostraron en junio de 2025.
Danza de cifras: El reporte de las ONG
Frente a la versión oficial, las organizaciones de derechos humanos presentan un panorama mucho más sombrío, acusando al Estado de una represión letal con uso de munición real.
La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, declaró haber verificado la muerte de 3,428 manifestantes directamente a manos de las fuerzas de seguridad. No obstante, IHR advierte que esto podría ser solo la punta del iceberg.
Según estimaciones de esta ONG, el número real de víctimas mortales es incierto y oscila dramáticamente; la organización sugiere que las fuerzas de seguridad “podrían haber asesinado a entre 5,000 y 20,000 manifestantes”.
Por su parte, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), basada en Estados Unidos, reportó una cifra de 4,560 fallecidos, aunque aclararon que este dato carece de verificación independiente debido a las restricciones en el terreno.
El apagón digital
La enorme disparidad entre los números del gobierno y los de las organizaciones civiles tiene una causa raíz: el cerco informativo. Las ONG denuncian que la verificación de datos ha sido saboteada por el gobierno.
Netblocks, organización especializada en ciberseguridad y gobernanza de internet, confirmó que la obstrucción de las comunicaciones en Irán se ha extendido por más de 300 horas.
Este bloqueo ha impedido que periodistas, familias y observadores documenten la magnitud real de la tragedia en vivo.
Daños materiales y origen del conflicto
Más allá de las pérdidas humanas, el costo material de las revueltas ha sido extenso. La agencia semioficial Tasnim reportó daños severos en la infraestructura pública y privada:
- Más de 460 edificios gubernamentales incendiados o dañados.
- Más de 700 bancos atacados.
- Al menos 480 mezquitas sufrieron destrozos.
El estallido social tuvo su origen a finales de diciembre, detonado por una abrupta depreciación del rial y un deterioro generalizado de la economía.
Aunque el gobierno admite el malestar y promete atender los reclamos financieros, insiste en que las marchas pacíficas derivaron en caos y vandalismo, especialmente durante los días 8 y 9 de enero.
