Podría haber responsabilidad del Juzgado Cívico en la muerte de detenido en cárcel de Bahía de Banderas

Podría haber responsabilidad penal contra el juez cívico que ordenó el encarcelamiento del hombre que falleció el viernes 25 de julio en los separos de Bahía de Banderas.

Versiones surgidas desde el propio Juzgado Cívico de Bucerías indican que la médico legista que revisó al detenido advirtió sobre sus malas condiciones de salud, recomendando que, conforme al protocolo, fuera trasladado al Hospital de Tondoroque para recibir atención médica. Sin embargo, el juez en turno ignoró el dictamen y ordenó su arresto por 36 horas.

De acuerdo con el reporte, Luis Enrique A., de 33 años, fue detenido el viernes 25 de julio a las 21:30 horas, por presuntos actos de exhibicionismo, al transitar en ropa interior por la Avenida Pacífico, en el centro de Bucerías, lo que fue clasificado como falta administrativa. Fue puesto a disposición del Juzgado Cívico.

Su ingreso oficial a las instalaciones ocurrió a las 22:28 horas. En ese momento fue valorado por la médico legista, quien detectó que el hombre presentaba signos de esquizofrenia y un posible problema mental. Se mostró desorientado en tiempo y espacio, con lenguaje desorganizado, delirios, pupilas dilatadas, mala hidratación e higiene personal, además de no colaborar durante la revisión.

La profesional médica concluyó que, dadas sus condiciones, el detenido no estaba apto para llevar a cabo su audiencia ni para permanecer en los separos. A pesar de ello, el juez ordenó su traslado a las celdas de Valle de Banderas para cumplir con el arresto de 36 horas, ignorando el parte médico.

Horas más tarde, ya dentro de la cárcel de la cabecera municipal, custodios solicitaron apoyo prehospitalario al notar que el detenido yacía acostado y no respondía. Paramédicos del Grupo de Atención Médica Táctica (GAMT) confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y mostraba rigidez cadavérica.

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Este hecho ya es investigado por la Fiscalía General de Nayarit, que abrió una carpeta bajo la hipótesis de homicidio, mientras se esclarecen los hechos y se determina si existe responsabilidad penal por parte de la autoridad municipal.