Ministra propone ordenar a Sedena indemnización millonaria

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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Margarita Ríos-Farjat propondrá que la Secretaría de la Defensa Nacional indemnice a una familia de Nuevo León con una suma millonaria por la ejecución de un matrimonio a manos de un soldado.

De acuerdo con el asunto, el 3 de marzo de 2010 alrededor del mediodía, el matrimonio salió de las instalaciones de la empresa donde laboraban para salir a comer, abordaron su automóvil que estaba estacionado a unos metros, enseguida, dos miembros del crimen organizado que huían de militares abordaron el asiento trasero, instantes después bajaron del vehículo y huyeron en direcciones opuestas, posteriormente fueron abatidos.

La mujer y su esposo, quien se encontraba herido por el fuego cruzado, buscaban resguardarse fue entonces que se encontraron con un militar al cual pidieron auxilio pero este respondió con disparos asesinando a ambos.

La ministra detalló  que los cuerpos de la pareja quedaron en el suelo sin armas, pero que posteriormente los movieron de lugar y les colocaron armas, a la mujer, incluso una fornitura para aparentar que eran miembros del crimen organizado.

Un día después la Cuarta Región de la zona militar emitió un comunicado para difundir la versión de los hechos, donde señalaban un combate con la delincuencia organizada con un saldo de “cuatro delincuentes” abatidos.

El 31 de mayo de 2016 la hermana de una de las víctimas junto con otros familiares, presentaron un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado ante la Sedena. Dicha petición no fue respondida de forma expresa y oportuna por la Sedena, “por lo que se configuró la negativa ficta y, los solicitantes, reclamaron su nulidad en un juicio contencioso administrativo”. La autoridad responsable consideró que operó el plazo de dos años para reclamar la indemnización conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

En un amparo directo, un tribunal consideró inconstitucional ese precepto y aplicó el plazo genérico de 10 años previsto en el Código Civil Federal.

“Lo narrado evidencia que la privación de la vida de la pareja, producto del uso injustificado y excesivo de la fuerza, reúne los elementos de una ejecución extrajudicial: privación arbitraria de la vida de una o más personas; cometida por agentes del Estado encargados de realizar tareas de seguridad”, detalla el proyecto de Ríos-Farjat que se someterá a discusión.