Indagan a tribunal que exoneró a Kamel Nacif
El pasado julio, un tribunal federal de Quintana Roo anuló la orden de aprehensión contra el empresario Kamel Nacif acusado de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, es por ello que el Consejo de la Judicatura Federal ha iniciado una indagatoria por posibles actos de corrupción.
Orden de captura cancelada
Con el argumento de que no existe una instrucción por escrito de torturar a la periodista Lydia Cacho y con un voto dividido de los magistrados fue cancelada la orden de captura contra Kamel Nacif.
El Poder Judicial informó a través de un oficio dirigido al público que la Visitaduría General del CJF será la encargada de investigar la actuación de los servidores públicos del poder judicial involucrados en la decisión de cancelar la orden de captura.
El próximo 28 de septiembre, un visitador judicial llevará a cabo una inspección al tribunal sobre las actividades comprendidas entre el 1 de septiembre del 2020 al 1 de agosto del 2021.
Sin embargo, aunque el proceso de inspección acaba de iniciar, la magistrada presidenta de dicho tribunal y quien fuera la encargada de elaborar el proyecto que exoneró de forma definitiva a Kamel Nacif, Selina Haidé Avante Juárez, abandonó su puesto y fue puesta en otro órgano judicial del estado de Veracruz.
Argumentos que se usaron para exonerar a Kamel Nacif
Fue el Tercer Tribunal Colegiado con sede en Quintana Roo quien emitió la resolución de otorgar un amparo definitivo al empresario Kamel Nacif contra la orden de aprensión girada en su contra por el delito de tortura.
Esto impidió que Nacif compareciera en una audiencia para resolver si se le procesaría por la denuncia que Lydia Cacho presentó por maltratos físicos y psicológicos en diciembre del 2016.
El ataque hacia la periodista se dio después de que publicara un libro donde implica a Nacif en una red de pederastia.
Las razones de la exoneración fue que Nacif no era funcionario público, y por lo tanto no podría ser procesado pues el código penal de Quintana Roo no contempla esta figura.
Además, la magistrada Avante Juárez aseguró que no habían elementos escritos para sostener que Nacif ordenó los malos tratos hacia la periodista, por lo que tampoco había manera de saber si esto fuera una represalia por publicar un libro.
La resolución dice:
“Tan es así que no se precisa en el pliego de consignación valorada en el acto reclamado que en esa orden de aprehensión se hubiere precisado que al detener a la pasivo (Cacho) se le debía torturar como castigo por haber publicado un libro y haber difamado o calumniado al denunciante en esa causa penal”.
A pesar de que Nacif confirmó a El Universal que sí se refirió a Cacho como esa “vieja cabrona”, la resolución del Tribunal fue que la “vieja cabrona” podría ser cualquiera.