Impuestos al turismo

Mientras el mundo estuvo inestable tras las sacudidas de la pandemia, los destinos antes abarrotados de turistas se enfrentaron a la escasez de visitantes.

Durante 2019 y principios de 2020, muchos destinos estudiaron la posibilidad de gravar el turismo con miras a regular el flujo de turistas y mitigar los efectos negativos que acarreaba el exceso de visitantes.

Cuando la COVID-19 trastornó el mundo del turismo, se introdujo una desgravación o cancelación de impuestos con la intención de ayudar al sector.

Los debates sobre cómo reconstruir mejor iniciaron, y quedó pendiente la pregunta decisiva en torno al modo de financiar un futuro regenerativo. Antes de concluir la actual administración federal, todas las entidades federativas deberán percibir los impuestos al hospedaje por parte de las plataformas digitales.

22 estados ya están cobrando el impuesto de hospedaje y solo el estado de Nayarit está recaudando adicionalmente para la promoción turística 85 millones de pesos.

En septiembre el resto de las entidades federativas aprobaron en sus Congresos locales el cobro del impuesto de hospedaje a las plataformas.

Si bien cada entidad cuenta con secretarías de Turismo con presupuesto propio enfocado, el Impuesto Sobre Hospedaje es un ingreso adicional que permite que se fomente y se generen embajadores turísticos de las entidades, el cual se traslada a los clientes como parte de su pago por los servicios recibidos.

Éste es de naturaleza estatal, siendo las entidades federativas responsables de establecer las tasas de aplicación y llevar a cabo la recaudación.

No hay una ley que conmine que ese ingreso que se genera como impuesto vinculado con los hoteles se transparente y se aplique en la promoción turística, aunque está implícito en la definición del gravamen.

Actualmente, 55% de la economía nacional está en la informalidad, una de las metas de esta administración es bajar ese índice, donde el turismo, al ser una actividad transversal, es una de las prioridades para buscar mecanismos que lo incorporen a la formalidad.

Esta búsqueda de formalidad es en beneficio de las familias que dependen del turismo, dándoles acceso a vivienda, salud y seguridad social. Estas familias, aunque contribuyen al turismo comercial y de servicios, no disfrutan de todas las reformas y mejoras salariales.

Según información de Airbnb, 14 de los 32 estados del país ya cobran algún tipo de impuesto sobre el alojamiento. En Baja California, Nayarit y Yucatán los huéspedes pagan el impuesto de hospedaje, de 5% del precio del anuncio.

En Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Sonora la tasa del impuesto de hospedaje es de 3%, en la Ciudad de México y Querétaro de 3 a 5% y en Quintana Roo es de 6 por ciento.

Es complicado aplicar una medida en la que en todos los estados del país las plataformas tipo Airbnb paguen impuestos, esto porque son empresas globales y al final el gravamen lo pagaría el consumidor y no la compañía.

Es una forma adicional para que la administración pública pueda conseguir una nueva fuente de ingresos, sin embargo, también hay factores en contra particularmente para la población. El impuesto en las plataformas provocará que sea el consumidor final quien termine absorbiendo el incremento.

Esto va a encarecer los servicios de las plataformas de manera que perderían parte de su atractivo original. El reto está en la correcta inversión del recurso tanto en promoción como en mejora de la infraestructura de la ciudad y la participación del sector empresarial es clave en la consecución del éxito.