Impuesto a cruceristas y migración

El Senado de la República aprobó la cuestionada Ley Federal de Derechos, que incluye un nuevo cobro de 42 dólares para los visitantes que lleguen a México en crucero.

La medida, que busca mejorar el control migratorio y aumentar la recaudación de derechos, fue aprobada con 80 votos a favor y 37 en contra, pese a las advertencias sobre sus posibles efectos negativos en seis destinos turísticos como Cozumel y Mahahual en Quintana Roo, Progreso en Yucatán y Puerto Vallarta, La Paz y Los Cabos en la costa del Pacífico.

Empresarios turísticos han expresado preocupación, señalando que los mayores costos podrían disuadir a los visitantes de elegir México como destino, afectando a las economías locales dependientes del turismo.

La cuota, aprobada por ambas Cámaras del Congreso mexicano, destina dos tercios del impuesto para financiar al Ejército mexicano.

El nuevo cargo está programado para entrar en vigor el 1 de enero, dejando poco tiempo para que los turistas se ajusten al nuevo gasto.

El cobro será por la expedición de un documento migratorio que acredite su estancia como turistas en territorio nacional y se cobrará aún cuando los visitantes estén unas cuantas horas en un puerto mexicano.

La imposición del cobro por el DNR será a cada pasajero, ya sea que desembarquen o permanezcan en el barco, de acuerdo a las reformas a la Ley Federal de Derechos fue interpretada por el legislador federal como “pago de vía, por decirlo así”, “pago de vía por 21 días”.

Replicando la versión oficialista de que el DNR ya existía para cruceristas, no obstante, desde la creación del derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas es para los extranjeros que ingresen por vía aérea, terrestre o marítima, se exentaba a los pasajeros a cruceros por ser catalogados como “en tránsito”.

En su comunicado, AMANAC dijo que “México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y más de 3.300 escalas de barcos en 2025” si se implementa el impuesto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la medida, insistiendo en que no es un nuevo impuesto, sino solo un ajuste a los cargos existentes que, según ella, están vinculados a la inflación. También mencionó que las conversaciones continúan entre las agencias afectadas por la tarifa.

Algunas navieras podrían omitir los puertos mexicanos en protesta, pero se cree que la mayoría incluirá la tarifa en el precio de los viajes futuros.

Lo que es lamentable es que el Gobierno federal se quedará con la mayor parte del dinero en lugar de ayudar a las comunidades locales.

Aunque el aplazamiento del cobro brinda tiempo para ajustes, el reto será implementar medidas que equilibren la recaudación fiscal con la competitividad del país como destino turístico.

Lo recaudado por esta cuota sería destinado al tema migratorio, pues con las amenazas que Donald Trump ha estado haciendo en temas de política exterior, hay posibilidades de que haya deportaciones masivas hacia México en los próximos años, y al parecer, la presidenta Claudia Sheinbuam sacaría los recursos para su plan de contingencia de este rubro.

Esto, solo dejaría entrever que no ha habido buenas sensaciones durante los primeros contactos con Trump y su gabinete, el actuar de las autoridades mexicanas estaría delatando que es más probable que el futuro presidente de Estados Unidos cumpla lo dicho en sus recientes declaraciones, a que Sheinbaum y su equipo consigan pactar un acuerdo.