Califican de ilegal y opaco acuerdo sobre obras prioritarias
El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el cual se decreta que todas las obras prioritarias del gobierno deben ser consideradas de seguridad nacional.
Expertos en transparencia y derecho constitucional aseguran que esto favorece la opacidad, además de ir contra las leyes.
El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío dijo:
“Este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional”.
Esto porque, según el jurista, rompe con el principio de legalidad al pretender que un decreto establecido por un acuerdo, pase por encima de todas las normas legales vigentes.
Por su parte, el investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Juan José Garza Onofre, dijo:
“Si se quieren hacer estas cosas posibles tiene que legislarse, cambiarse leyes, no gobernar por decreto”.
Opacidad por doquier
El abogado y maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, David Sánchez Mejía, asegura que al redefinir proyectos a cargo del gobierno, lo que pareciera es que buscan ocultar la información relacionada con las obras:
“Esa autorización provisional se tiene que dar cinco días hábiles a partir de que la solicitan. Imagínate un hospital, necesitas de los planos y muchas cosas, ¿todo eso va a estar en cinco días?”
Y subrayó:
“Un acuerdo no puede estar por encima de las leyes y reglamentos que ya existen”.
¿Acceso a la información pública?
Y aquí es donde se ponen más interesantes los argumentos.
Estefanía Vela, maestra en Derecho y directora de la organización Intersecta, asegura que se hará más difícil acceder a los datos pues el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia considera que se puede reservar información si compromete la “seguridad nacional”:
“No es que en automático se clasifique la información. Se tiene que justificar, haber una prueba de daño. Pero se hará mas difícil acceder a los datos”.
Por su parte, el director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez, dijo:
“El hecho de que decreten un tema de seguridad nacional, no significa en automático su clasificación como información reservada, pero es claro que dificulta y encarece el acceso a la información pública”.
El Acuerdo también extiende facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Fonatur, que estaban reservadas para las fuerzas armadas por tener un carácter de seguridad nacional:
“Aunque hay temas procesales pendientes, como la clasificación de la información relativa a cada proyecto como ‘reservada’ o la ‘prueba de daño’ para clasificarla de ese modo, el hecho es que el acuerdo limitará el acceso a la información pública de manera ágil y oportuna”, insistió Bohorquez.
