Human Rights Watch critica gobierno de AMLO

En el informe anual de Human Rights Watch (HRW) se estipula que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador:

“No ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud globales para limitar la propagación del COVID. Como resutado, México tiene una de las tasas más bajas de pruebas COVID, y una de las tasas más altas de resultados positivos, en el mundo”.

Cierre de escuelas

Otro de los puntos del informe trata sobre las consecuencias de la pandemia, como el cierre de escuelas:

“Aunque el 94 % de los hogares mexicanos cuenta con televisión, la falta de acceso a servicios de internet asequibles hizo que muchos niños, especialmente aquellos en hogares de bajos ingresos o con discapacidad, no tuvieran acceso a la educación”.

Violaciones a los Derechos Humanos 

La directora interina para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciudk Broner, habló sobre el retroceso en materia de derechos humanos que se vive en América Latina:

“El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados. Incluso, líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial”.

Impunidad

Asimismo, HRW mostró una postura crítica ante la situación del sistema judicial mexicano:

“El sistema de justicia no garantiza el debido proceso a las personas acusadas de delitos. Es común que policías y agentes del Ministerio Público recurran a la tortura para obtener confesiones. La prisión preventiva es obligatoria para muchos delitos, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos.

Las cárceles son insalubres y están hacinadas. Los agentes del Ministerio Público siguen haciendo uso del arraigo, un mecanismo que les permite obtener autorización judicial para mantener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos con el fin de interrogarla”.

Tomando en cuenta que solo el 5.2 % de los delitos son resueltos, el informe estipula que:

“Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos”.