“Cada mes les estaré ayudando”: Héctor Santana continúa usando casos de vulnerabilidad para lucirse en redes

Una nueva publicación del alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana García, ha vuelto a encender el debate sobre el uso de redes sociales para promover actos de caridad desde el poder público, luego de que compartiera un mensaje donde narra su encuentro con don Félix, un vendedor de postres en Bucerías, a quien identificó como jefe de una familia en situación vulnerable.

Según el propio mensaje del edil, don Félix estaba acompañado de sus dos hijos cuando le ofrecieron pan, arroz con leche y flanes. En el post, Héctor Santana escribió:

“Me encontré a don Félix en Bucerías vendiendo pan, arroz con leche y flanes. Junto con sus dos hijos me pidieron que si les podía comprar. Me enteré que vendiendo estos ricos postres se mantienen y, además, ayuda a su esposa, que está pasando por momentos difíciles por el cáncer.
Así que les compré toda su mercancía y les ayudé con más dinero, y cada mes les estaré ayudando.
Si andan de antojo, ayúdenme a hacerle pedidos. Todo está bien bueno y casero. El número para pedidos: 322 330 8279 con don Félix. 🙏🏻🙏🏻”

El tono del mensaje —donde el alcalde relata que compró toda la mercancía, aportó dinero adicional y promete que cada mes los estará ayudando— proyecta una narrativa centrada en su figura como benefactor, sin mencionar acciones institucionales ni programas sociales existentes que pudieran atender a la familia de manera estructurada.

Esto abre un debate sobre el uso reiterado de historias emotivas como mecanismo de proyección política personal, una práctica que especialistas en ética y comunicación denominan “pobreza performativa” o “pornomiseria”: visibilizar casos de necesidad para ganar simpatía, sin atender los factores estructurales detrás de la vulnerabilidad.

Además, la publicación menciona que don Félix estaba acompañado de sus dos hijos, lo que representa una situación familiar sensible. Si bien no se incluyen imágenes de los menores, el hecho de identificar por nombre al adulto, narrar el contexto familiar y publicar su número personal, podría facilitar la identificación indirecta de los menores sin su consentimiento, lo cual contradice principios de protección de la infancia y derecho a la privacidad.

Hasta ahora, no se ha informado si la familia fue canalizada a través del DIF o de algún programa de asistencia social, ni si existió un consentimiento explícito para difundir sus datos personales.

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El caso pone sobre la mesa una discusión pertinente: ¿es correcto que un funcionario público utilice su visibilidad para promover casos particulares desde lo emocional, en lugar de construir soluciones desde lo institucional?