¿Hacia la balcanización de México?
La Alianza Federalista es una escisión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). La CONAGO nació como una expresión del PRI para mantener el control estatal ante la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República. Fue una manera política de presionar por mantener intacto el pacto de impunidad y corrupción del régimen neoliberal. Los gobernadores serían, pues, los nuevos factótums al haber caído el tlatoani priista.
El PAN aceptó y alentó esta configuración, ya que, le permitía seguir avanzando en la serie de contrarreformas neoliberales exigidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ceder el control político, y sobre todo económico en el gasto de gobierno estatal produjo consecuencias importantes, dos de ellas tuvieron que ver con el avance del narcotráfico en las regiones y la otra el alto grado de endeudamiento.
En pacto consistía en que la federación no fiscalizaba los recursos entregados a los Estados, y el pago político era poner a los diputados y senadores a favor de la entrega de los recursos del país al capital privado. Un sistema de complicidades que tenía como objetivo el despojo de la riqueza nacional.
El actual Pacto Fiscal, que tanto reclaman en la Alianza Federalista, se impuso de la mano del fraude electoral de 2006, Calderón decidió que los recursos fueran a parar a manos de las fuerzas policiales y militares en el que se apoyó ante la falta de legitimidad política por lo que necesitó concentrar los recursos de la federación.
La desigualdad social se acrecentó en este periodo puesto que el gasto social fue el más golpeado en los recortes hacendarios, esto fue un caldo de cultivo para el narcotráfico, ya que en regiones en donde el Estado no cumplía su función, éste se encargó de ello, enrolando a jóvenes en la guerra del usurpador.
Hay que apuntar que el salinismo inició el largo trayecto de las privatizaciones de empresas paraestatales, Peña Nieto colocó, según sabemos ahora por Emilio Lozoya, a partir de sobornos de empresas extranjeras la reforma energética para poder entregarla a capitales privados trasnacionales. Pero en todo esto hay una continuidad, esto quiere decir, vaciar las arcas estatales a partir de la corrupción mientras se desfondaban los recursos públicos.
Es evidente, que los gobernadores estaban acostumbrados a no impulsar el gasto social, al contrario, los recursos de los Estados iban a parar al gasto en la administración pública. No hay que olvidar que existían funcionarios con salarios estratosféricos, que más que trabajar para el beneficio colectivo trabajaban como operadores electorales, ya que, la mayor parte del dinero público iban a parar a este rubro a través de desvíos de recursos.
Con PEMEX y CFE asfixiadas para privilegiar los negocios privados, los recursos de la federación se redujeron drásticamente, por lo que el poder presidencial dedicado a desmantelar las empresas productivas del Estado mexicano, permitieron un endeudamiento histórico vía CONAGO.
Según el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República los estados que presentaron una mayor relación de su deuda respecto de sus participaciones federales fueron: Nuevo León con 178.4%, Chihuahua con 177.7%, y Coahuila con 166.6%. En el mismo reporte trimestral sobre la deuda en México, el IBD señala que Querétaro tiene una perspectiva crediticia negativa.
Es decir, los gobernadores de la Alianza Federalista que ahora plantean romper el pacto federal son miembros de la clase política que llevó al extremo el endeudamiento y ahora en medio de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus exigen que el ejecutivo federal se endeude para sostener el pacto del PRIAN de los últimos 18 años.
Romper el pacto federal es intentar quebrar el pacto constitucional, lo que hace posible el acuerdo político de la nación mexicana. En su desesperación, los gobernadores empiezan a hablar de alejarse de los principios inalienables de nuestra Carta Magna.
Resulta por demás preocupante, que, en vez de replantear la necesidad de revisar el pacto fiscal, los gobernadores se hayan lanzado a cuestionar el pacto federal. Revisar el pacto fiscal hubiera revelado que se construyó bajo un régimen de corrupción, lo que no están dispuestos a aceptar.
Al parecer, lo que tenemos en frente, es una serie de intereses económicos dispuestos a realizar un movimiento separatista, existe pues una necesidad de alentar un movimiento social que pueda generar inestabilidad política, que descarrile el propósito de desestructurar la entrega de los recursos naturales estratégicos.
Un primer intento de este grupo se dio al querer generar un choque con Estados Unidos, instalando una falsa guerra por el agua, se estimuló a los huachicoleros del agua a realizar acciones de desobediencia civil. Toda esta provocación para romper un acuerdo binacional. Involucrar a nuestros vecinos del norte para que realicen acciones de intervención.
El proceso de desgaste que se viene desarrollando tiene por lo menos dos vías; una de ellas depende de arrebatar condiciones, incluso fraudulentas, para quedarse con el control de ciertos estados que les permitan reagruparse para el 2024 y lograr acrecentar su fuerza en la Cámara de Diputados.
Es por ello clave la invitación que hizo el Instituto Nacional Electoral, sin consultar con la Cancillería cuando por normatividad ésta debería de hacerlo, a la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, que recientemente produjo un golpe de estado en Bolivia.
Por el otro es la salida violenta, estimulando una guerra civil, que apuntara a la balcanización de México, de tal manera que pudieran apropiarse, los capitales que respaldan a esta clase política, de los recursos naturales estratégicos. En efecto, han vuelto los tiempos de los traidores a la patria, es hora de proteger la democracia.
