Tic Tac: una guerra decadente en Chiapas avanza

El pasado 17 de abril, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en la puerta a los Altos de Chiapas, asesinaban a Jerónimo Ortiz, líder de una agrupación de artesanos que controlan el mercado de Santo Domingo, y con ello se generaron horas de pánico en la población por la respuesta de sus seguidores.

No fue un asesinato cualquiera, desde el momento de su ejecución, se regaron como polvorín imágenes y videos del momento del asesinato acompañados de audios de integrantes de la banda de motonetos que tanto el ejecutado como su primo Narciso Ruiz Ortiz operan. En los audios era clara la intención de cobrar venganza contra grupos opositores dentro del mismo esquema delictivo denominado motoneto.

Se vivieron momentos delicados para la sociedad en general, siguieron por lo menos dos asesinatos más, y hubo quemas de casas en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en asentamientos ilegales que son controlados por este tipo de organizaciones. El gobierno federal tuvo que reaccionar enviando efectivos de la Guardia Nacional y el propio Gobernador tuvo que arribar a San Cristóbal de las Casas y tomarse una foto en la madrugada caminando por sus calles para lanzar un mensaje de que todo presuntamente se encontraba en orden. Nada más lejos de la realidad.

No es poca cosa lo que está en juego al ser Chiapas frontera, los flujos comerciales son esenciales dentro de la relación con Guatemala desde café, carne hasta granos básicos. Los grupos delictivos que se han asentado en la región no nada más usan estas rutas para el traslado de drogas, sino que han logrado tejer una organización que les ha permitido establecer el control de diferentes regiones expropiando en muchos casos terrenos a privados para ampliar sus áreas de influencia. Ahí no sólo se cosecha droga y se almacena, sino también se ha vuelto un centro de operaciones para el tráfico de personas, que van desde el negocio de la migración hasta la trata de blancas. Ese es el caso de Frontera Comalapa.

Lo que se vive en Chiapas es un capitalismo de tipo necropolítico, el que hace del terror un modus operandi para expropiar a empresarios una renta para que puedan operar, aquellos que se niegan son asesinados, todo bajo la complicidad del sistema político. Se imponen en regiones enteras entonces un impuesto paralelo al que cobra el Estado, un impuesto del crimen organizado, que acrecienta sus ganancias y que alimenta campañas políticas.

No sólo los empresarios son los que han tenido que padecer este nuevo escenario, son los más jóvenes chiapanecos, en su mayoría indígena los que han tenido que afrontar su expulsión de comunidades para asentarse en las periferias de las ciudades, esto debido a que los recursos que históricamente habían podido generar en las montañas con las cosechas de autoconsumo se han ido debilitando debido a que el mercado cada vez les paga menos cuando se introducen como fuerza de trabajo en las ciudades. Han tenido que abandonar sus lugares de origen para intentar sobrevivir con esquemas de trabajo precario cada vez más lacerantes para sus condiciones de vida.

Esto impide el regreso a sus comunidades para los tiempos de siembra y cosecha, lo que los lleva a una pobreza aún más marginal ya que no tienen a la tierra y los frutos del campo como protección como históricamente había sido. Aceptan desde ahí trabajos dentro del crimen organizado que les permite sobrevivir como mercenarios dentro de las ciudades que necesitan ser monopolizadas a través de la violencia. La pobreza extrema los está orillando a este escenario.

En San Cristóbal de las Casas han surgido en la última década movimientos armados decadentes, que luchan por tener donde vivir, pero que para hacerlo se integran a la lógica del crimen organizado, se asumen entonces como organizaciones de tipo paramilitares, pero bajo la lógica del mercado, que cualquier puede rentarlos para mantener o abrir nuevas rutas comerciales legales o ilegales.

Por supuesto que esta trayectoria no surgió de la nada, sino más bien es parte del proceso de descomposición que se abrió justo cuando se traicionaron los Acuerdos de San Andrés y se cercó militar y paramilitarmente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta contención era una necesidad estratégica para mantener el Tratado de Libre Comercio en pie, y eso no ha perdido su vigencia en el caso del T-MEC.

El genuino intento de la autonomía indígena para mantener la cohesión social a través de la producción interna para satisfacer necesidades colectivas ha sido torpedeado una y otra vez por todos los gobiernos emanados de todos los partidos políticos. En la lógica electoral incluso se le ha atacado a este esquema sin entender los problemas de fondo existentes en las comunidades indígenas.

El financiamiento que provenía desde el exterior para ciertas organizaciones sobre todo cafetaleras fue sumamente importante para dividir a su base social, pero con la actual crisis económica, esos financiamientos, y ese acompañamiento paramilitar se volvió insostenible, por lo que se volvió modelo para la sobrevivencia decadente de varios sectores más marginados.

En un reciente texto publicado por el periodista de investigación Ernesto Ledesma titulado El Cártel de Sinaloa y el CJNG en San Cristóbal de Las Casas, se da cuenta de la génesis del nombre de motonetos: Marco Antonio Cancino González presidente municipal de San Cristóbal de las Casas de 2015 a 2018 para mantener el control autoritario del corredor turístico y las ventas que de él emanan, utilizó a un civiles para el control de indígenas que no pertenecieran a las agrupaciones alineadas al gobierno, menciona Ledesma, se les daba de una moto y una radio para ello. Esto fue la base que hizo estallar una crisis inédita en la capital del mundo indígena chiapaneco.

No existe un solo grupo o banda de motonetos, sino son diferentes las que operan dentro de San Cristóbal, se habla que existen hasta 16 de ellas. La peculiaridad es que han hecho del despojo violento su forma de sobrevivencia. Es una juventud a la que se le negó todo durante los periodos neoliberales, pero que en el actual esquema de gobierno no existe una sola estrategia para resolver el problema y eso es lo alarmante. Se han dejado correr las contradicciones y las alianzas entre estos grupos armados y la clase política y empresarial chiapaneca.

Habría que tener en cuenta algo muy claro, no hay forma de controlar a estos grupos. Los terratenientes y finqueros de Chiapas pudieron entenderse muy bien con los paramilitares para intentar recuperar sus tierras, pero esta nueva ola de violencia política decadente está conectada directamente con una violencia económica anónima de la cual estos jóvenes intentan salir como sea. Esto genera que Chiapas esté entrando en una espiral de guerra civil decadente que no podrá pararse simplemente con una mayor militarización, cosa que a estas alturas no queda espacio en Chiapas para ello, de facto está dividido por las fuerzas castrenses sin que ellas puedan intervenir para resolver el conflicto de fondo.

Tic, tac, el reloj avanza y las alertas que provienen de diferentes espacios no son escuchadas, lo último que habíamos sabido era de la aparición de autodefensas y la cosa siguió su curso, es momento de repensar Chiapas, urge antes de que sea demasiado tarde.