El gobierno de Sheinbaum, sordo al crítico y al disidente

Hay momentos en la vida pública de un país que funcionan como un espejo. Reflejan lo que somos, pero también lo que estamos dejando de ser. El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, es uno de esos momentos. No solo por la brutalidad del crimen, sino por la crisis política que destapó: un gobierno federal que, ante la crítica, en lugar de escuchar, se defiende atacando; en lugar de dialogar, desacredita; y en lugar de asumir responsabilidades, construye enemigos imaginarios.

Manzo habría pedido ayuda en múltiples ocasiones. No llegó. Y tras su asesinato, lo que sí llegó fue la incomodidad social, la indignación de distintos sectores y la necesidad urgente de exigir cuentas. Pero esa reacción ciudadana no encontró un gobierno dispuesto a escuchar. Encontró burla.

El video del gobernador de Michoacán mofándose del alcalde se volvió símbolo de algo más profundo: una soberbia que recuerda los peores vicios de la política mexicana. “¿Cuántos has abatido?”, le preguntaba en tono de burla apenas días antes de su muerte, en referencia a la lucha que públicamente tenía declarada en contra del crimen organizado en su municipio.

Y mientras la indignación crecía, la llamada Generación Z convocó a una protesta pacífica para el 15 de noviembre. Jóvenes —sí, esos mismos que este gobierno celebra cuando marchan a su favor— salieron a decir que ya basta. Que la violencia, la impunidad y la burla oficial no pueden ser la norma. La Generación Z, que en todo el mundo ha encabezado movimientos por el clima, contra el racismo, por los derechos de las mujeres y por la libertad, en México decidió alzar la voz ante un gobierno que prometió ser distinto.

La reacción oficial fue inmediata: desacreditarlos. En la mañanera del pueblo se mostró una “investigación” de Infodemia —la plataforma gubernamental que dice combatir noticias falsas— insinuando que la protesta estaba financiada por la derecha internacional. La narrativa de siempre: si protestas contra el gobierno, eres títere de alguien. Nunca un ciudadano indignado. Nunca un joven con criterio propio.

Por si fuera poco, se levantó una valla metálica de tres metros alrededor de Palacio Nacional, Bellas Artes y otros edificios históricos. Ya sabemos lo que eso significa: convertir a los manifestantes en supuestos vándalos antes de que siquiera salgan a la calle. El mensaje es claro: no protesten, o serán criminalizados.

Artistas como Molotov y Rubén Albarrán tampoco se salvaron. Fueron funados en redes por simpatizantes de la 4T, simplemente por expresar opiniones críticas. Paradójicamente, muchos de los que hoy los atacan coreaban hace pocos años sus canciones contra el poder.

Y aquí está el punto de quiebre: esto no ocurrió ni con los gobiernos panistas ni con el último gobierno priista. Los ciudadanos se manifestaron contra Calderón, contra Peña Nieto, contra reformas laborales, energéticas. Pero la más sentida, la manifestación de No más sangre, en contra de la inseguridad.

A pesar de ello, nunca hubo una estrategia oficial para criminalizarlos. Nunca se montó un aparato digital para aplastar su voz. Nunca se exhibieron investigaciones para insinuar que eran violentos.

La izquierda que se decía socialmente comprometida terminó replicando los peores mecanismos del poder que juró combatir. Una izquierda que presume libertad, pero que cuando la crítica le incomoda, responde con intolerancia.

La democracia no se defiende levantando vallas ni inventando enemigos. Se defiende escuchando. Y hoy, el gobierno se niega a escuchar.