Gobierno de México lamenta muerte de magistrade; revelan que contaba con medidas de protección

El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, expresó durante la mañanera de este martes su pésame por la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena, encontrado muerto la mañana de ayer. 

Desde Sinaloa y en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario aseguró que están trabajando en coordinación con la Fiscalía de Aguascalientes, y si es necesario, prestarán todo el apoyo para esclarecer esta muerte. 

“Existe coordinación, hemos estado en comunicación con ellos y vamos a prestar todo el apoyo que sea necesario, si así lo requiere”, aseguraron. 

Además, Medina mencionó que no se debe descartar ninguna línea de investigación en el caso del magistrade, y de su pareja, Dorian Daniel Nieves.  

“En este caso hacer un llamado muy fuerte para que sea aplicado con toda la amplitud del protocolo homologado de investigación por delitos cometidos en contra de la comunidad LGBT y de igual forma que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género”, agregó. 

Finalmente, mencionó que el magistrade Jesús Ociel Baena, no era parte del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pero sí contaba con medidas de protección por parte del gobierno del estado. 

“Decir que daremos un seguimiento puntual al esclarecimiento de estos lamentables hechos”, sentenció Arturo Medina.

¿Qué pasó con la muerte del magistrade Ociel Baena?

El fiscal del estado, Jesús Figueroa, informó este martes que Ociel Baena fue asesinado por su pareja, Dorian, y este, después se quitó la vida. 

En detalle, Figueroa Ortega explicó que las heridas observadas en ambos cuerpos fueron causadas con navajas de afeitar.

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En una primera declaración el día de ayer, informó que se creía que no había participado una tercera persona en lo ocurrido, pues las cámaras de vigilancia solo registraban el ingreso del funcionario y Dorian.

Sin embargo, la investigación no ha sido cerrada, mientras que colectivos y manifestantes exigen que sea la averiguación sea catalogada como crimen de odio.