Gobierno español buscará a desaparecidos de la Guerra Civil
El gobierno de izquierdas español aprobó este martes un proyecto de ley para resarcir a las víctimas de la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco que prevé, entre otras medidas, financiar públicamente la exhumación de los desaparecidos todavía enterrados en fosas comunes.
Según las estimaciones de historiadores y asociaciones de víctimas del franquismo, más de 100.000 fallecidos durante el conflicto (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) se encuentran todavía desaparecidos.
Este proyecto de ley de “memoria democrática“, que debe ser validado por el Congreso, convertirá su búsqueda en una “responsabilidad de Estado”, indicó el gobierno. De los 750.000 euros (890.000 dólares) que prevén destinar a desarrollar esta ley en 2020, un 60% se destinará a ello.
Además, prevén elaborar un mapa con todas las fosas comunes y crear un banco de ADN de las víctimas para facilitar su futura identificación.
“La memoria, la justicia y la reparación deben ser cuestiones de Estado”, señaló el jefe de gobierno Pedro Sánchez en Twitter.
“Hoy damos un paso más en el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura con la ley de memoria democrática. Hoy cerramos un poco más las heridas; podemos mirar al pasado con mayor dignidad”, añadió.
Menos de 45 años después de la muerte de Franco en 1975, el recuerdo de la dictadura sigue sembrando discordia en España entre la izquierda, que propone revisionar esos años, y la derecha, que la acusa de abrir heridas del pasado.
Llegado al poder en junio de 2018, Pedro Sánchez se puso como una de sus prioridades el resarcimiento de las víctimas del franquismo.
Su decisión más simbólica fue exhumar el pasado octubre los restos de Franco del Valle de los Caídos, un monumental mausoleo horadado en una montaña en las afueras de Madrid y coronado por una enorme cruz de 150 metros de altura.
El proyecto de ley aprobado por el gobierno prevé dotar de un nuevo significado este mausoleo “con fines pedagógicos” para que deje de ser un lugar de “exaltación” del franquismo.
Entre las medidas aprobadas, también figuran declarar “la nulidad de las resoluciones y condenas dictadas por los órganos de represión franquistas” y garantizar “el derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos” ocurridas en ese periodo.
Hasta ahora, los múltiples intentos para investigar judicialmente al franquismo en España se toparon con una ley de amnistía aprobada en 1977, durante la transición a la democracia, que decretaba la prescripción de los crímenes políticos anteriores.