Gobierno de Bahía adaptaría obras si no autorizan deuda pública

El secretario general del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Anastasio Zaragoza Trujillo, informó que esperan, sesione la comisión de Hacienda del Congreso de Nayarit y dictamine el proyecto de decreto de ampliación de la deuda pública del municipio, por 203 millones de pesos a largo plazo. 

Ante las observaciones del diputado local, Ismael Duñalds Ventura, de que no sería posible tal cantidad, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera por encontrarse Bahía de Banderas en semáforo amarillo, indicó: 

“Tenemos el conocimiento de cómo está, cuál es el color del semáforo que ocupamos para el financiamiento, sin embargo la facultad y la atribución de autorizar es del congreso… así lo establece la Ley de Disciplina Financiera también y la Ley Municipal del Estado de Nayarit”, puntualizó.

DE LOS 39 PROYECTOS SOLO DEJARÍAN PRIORITARIOS

Sin embargo indicó, de acuerdo al análisis de los legisladores: 

“Determinarán hasta donde nos alcanza, si ellos en base a la Ley de Disciplina Financiera ven que nos alcanza para 45 millones de pesos, nosotros nos vamos a someter a lo que el congreso determine”.

Recordó, ese recurso sólo se puede destinar a inversión pública productiva, que pueden ser obras o adquisición de vehículos o maquinaria de trabajo. 

El licenciado Zaragoza Trujillo señaló que tienen proyectadas alrededor de 39 obras, pero si el congreso determina menos, dijo, tendrían que ajustarse y eliminar algunas, dejando las mas prioritarias para la población, por lo regular, dijo, son vialidades en concreto hidráulico y drenaje.

MÁS DEUDA PARA SALIR ADELANTE ANTE TANTAS DEUDAS

“Recibimos un municipio endeudado de más de 1,800 millones de pesos, a corto y largo plazo, laudos y sentencias que dejaron de pagarse, tenemos la presidencia de cartón, que cuesta 600 millones de pesos” ponderó.

Este último tema, dijo, ya lo han llevado hasta la Suprema Corte de Justicia, con posibilidades de ahorrarse tan elevado costo.

También lamentó que la administración anterior les dejó un contrato leonino de 800 millones de pesos, de alumbrado público, cuya defensa jurídica ya les representó un ahorro de casi 40 millones de pesos, y están renegociando el contrato con la empresa concesionaria.

Igual dijo han pagado laudos, juicios y sentencias de acreedores, contratistas, por cerca de 200 millones de pesos. Destacando la importancia de dichos recursos, impidiendo la inversión a la obra pública productiva.