Gobernador de Jalisco y alcalde de Puerto Vallarta pretenden ahorcar a empresarios turísticos
La industria turística de Jalisco, y particularmente la de Puerto Vallarta, enfrenta un panorama fiscal que amenaza con debilitar su competitividad y sostenibilidad. El gobierno estatal planea incrementar el impuesto al hospedaje, actualmente del 3%, de manera progresiva: al 4% en 2025 y al 5% en 2026. Aunque el aumento será gradual, empresarios del sector turístico advierten que el impacto acumulado podría ser devastador.
Esta medida se suma a una serie de gravámenes que ya pesan sobre la región. Entre ellos, el Congreso Estatal aprobó recientemente un incremento del 27% en las tarifas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SEAPAL) de Puerto Vallarta. Además, se discute la implementación de un derecho adicional para turistas extranjeros, a lo que se suma el cobro aprobado por el Congreso Federal para los pasajeros de cruceros que arriben a destinos de playa en todo el país.
Empresarios y expertos consideran que estas decisiones podrían mermar la competitividad del destino frente a otros polos turísticos nacionales e internacionales. “Puerto Vallarta se encuentra atrapado entre la espada y la pared. Los impuestos y tarifas no solo ahogan a los negocios locales, sino que también desalientan a los turistas, quienes podrían optar por destinos con mejores condiciones económicas”, afirmó un representante de la Asociación de Hoteles y Moteles de la región.
El contexto se agrava ante la incapacidad de los gobiernos estatales para negociar mejores condiciones fiscales con la Federación. Bajo el actual Convenio de Coordinación Fiscal, los estados enfrentan una distribución inequitativa de los recursos, lo que obliga a las entidades a recurrir a aumentos impositivos locales para subsanar sus finanzas.
Aunque la reacción empresarial ha sido moderada, se escuchan voces que piden mayor firmeza ante lo que consideran un abuso fiscal. Sin embargo, las protestas han sido insuficientes para frenar las iniciativas gubernamentales, que avanzan sin mayor oposición.
“Este tipo de medidas pueden ser la estocada final para muchas empresas turísticas que apenas están recuperándose de los estragos de la pandemia”, comentó otro empresario local. La situación exige un equilibrio urgente entre la necesidad de recursos del gobierno estatal y la protección de la industria turística, vital para la economía del estado.
El futuro de Puerto Vallarta como destino turístico competitivo está en juego. Los gobiernos locales y estatales deberán reconsiderar sus estrategias fiscales para no ahogar al sector que representa uno de los pilares económicos de Jalisco. Mientras tanto, el empresariado enfrenta el desafío de alzar la voz de manera más contundente y unificada para evitar una crisis mayor.
No es saludable para la economía local ni para el país en general que los políticos y gobernantes, especialmente aquellos que apenas inician su gestión, recurran a la solución fácil de incrementar las cargas fiscales sobre una de las principales industrias generadoras de divisas. Este tipo de decisiones, lejos de resolver problemas estructurales, pone en riesgo la sostenibilidad de sectores clave y refleja una falta de visión a largo plazo. En lugar de buscar aumentar impuestos, los gobiernos deberían centrarse en estrategias que promuevan la inversión, la competitividad y una distribución más justa de los recursos federales.
