93% de funcionarios de Bahía han rendido su declaración

A dos días de que venza el plazo para que los más de 1,500 empleados del ayuntamiento de Bahía de Banderas rindan su declaración patrimonial y de interés como lo señalan los artículos 108 Constitucional y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como con las demás disposiciones legales aplicables, la contraloría municipal ha informado que se tiene un avance del 93%.

Fue su titular, Javier Sánchez García, quien señaló que se tiene un faltante de 180 funcionarios, mismos que han expresado que no tienen la destreza para hacerlo por su propia cuenta; es decir, necesitan ayuda para hacerlo y otros más se han retrasado por su trabajo operativo que no les ha permitido hacerla. A  todos ellos, dijo, se les va apoyar para que cumplan este deber a más tardar este 31 de mayo. 

“Me imagino que será por desconocimiento, hay áreas muy operativas, el municipio geográficamente tiene puntos… que no vienen todos a  Valle de Banderas y que van hacer los motivos por los cuales ese  7%  aún no presenta; sin embargo, se van hacer las acciones pertinentes (…) para que el día miércoles se pueda cumplir al 100% como municipio”, declaró. 

El contralor explicó que dicho instrumento de transparencia busca erradicar los actos de corrupción que contribuyan al enriquecimiento ilícito de los funcionarios, a través del desvío de recursos del presupuesto municipal para engrandecer su patrimonio personal, entre otras prácticas, estableciendo candados.  

“Esto, a efecto de hacer una evaluación sobre el patrimonio que tienen todos los servidores públicos ¿qué quiere decir esto? si el incremento dentro de su patrimonio va de acuerdo a sus ingresos que han tenido como servidores públicos a efecto que los órgano internos de control pueda determinar unas posibles sanciones, por actos de corrupción”, agregó. 

Sánchez García, reveló que en 2022 se tuvieron 180 sanciones  por omisión, es decir, que no hicieron su declaración en tiempo y forma. Hasta el momento no se tiene ninguna sanción por incremento ilegal del patrimonio.