Prohíben a funcionarios públicos culto religioso; regidora pide libertad de fe y no discriminación

Gran controversia se ha causado al interior del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por una circular a los funcionarios públicos de todas las oficinas del Ayuntamiento, firmada por la licenciada Samantha Georgina Chávez Echegaray, autoridad investigadora del Órgano Interno de Control, remitiendo “medidas preventivas” en atención a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de México, que establece el principio de laicidad del Estado.

Puntualizó se debe garantizar que ninguna práctica o manifestación religiosa o de culto, se vincule con actos oficiales, documentación, programas o recursos públicos y ordenó:

“Queda estrictamente prohibido promover, organizar o participar en actividades de culto religioso en calidad de personas, servidoras públicas y/o representantes de este H. Ayuntamiento, así como utilizar espacios, medios, tiempos o recursos de esta institución para esos fines”-

En el escrito advierte que la función pública debe ejercerse siempre bajo un principio de neutralidad institucional, evitando cualquier mezcla de convicciones o preferencias personales con el desempeño del cargo, la vulneración a esta obligación puede constituir una falta administrativa.

Cabe recordar que es tradición que los burócratas participen de los Altares de Muertos, Rosca de Reyes, Navidad y hasta en las Peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe, pero quién protestó y llevó el asunto al pleno de Cabildo fue la regidora Marcia Raquel Bañuelos Macias, quien abiertamente pertenece a una congregación cristiana.

En la reciente sesión de Ayuntamiento señaló “Es un tema que toca lo más profundo de nuestros derechos humanos: la libertad religiosa. Me refiero a la circular del Órgano Interno de Control que prohíbe a los trabajadores del Ayuntamiento practicar o expresar su fe, incluso fuera del horario laboral”.

La edil Marcia enfatizó: “Pero hay que decirlo con claridad: ser funcionario público no significa dejar de ser persona: Los regidores seguimos siendo regidores en la calle, en un área de culto, en la oficina, en cualquier lugar donde estemos. Todos los funcionarios públicos, incluso después de cumplir sus ocho horas laborales, seguimos llevando sobre nosotros esa responsabilidad pública”.

Subrayó: “La laicidad, como la entiende nuestra Constitución, no es expulsar la fe de la vida pública, sino garantizar que el Estado sea neutral. Eso significa que nadie debe ser favorecido ni perseguido por sus creencias. La fe es libre”.

Aclaró que, jurídicamente, la circular es ilegal. Dijo el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas prohíbe cualquier inquisición administrativa, y eso es exactamente lo que esta medida genera. Además, México está obligado por tratados internacionales que tienen rango constitucional: como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce que toda persona puede vivir su fe en público o en privado y La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la libertad religiosa forma parte de la dignidad humana.

Cuestionó: “Es decir, el mundo entero coincide: la fe no se negocia, la fe se respeta. Entonces, ¿qué pretende esta circular? ¿Que dejemos de ser personas fuera de nuestras funciones? ¿Que renunciemos a nuestra fe porque nuestra investidura nos acompaña a dónde vamos?”.

Señaló categóricamente que está circular no es un acto aislado, sino un acto de aplicación continua. Cada día que sigue vigente, renueva la violación de derechos. Y eso significa que cualquier trabajador puede promover un amparo en cualquier momento, con la posibilidad de suspender sus efectos de inmediato.

Esta disposición, señaló, es absurda y desconoce la realidad de lo que significa ser servidor público y, al mismo tiempo, atenta contra derechos fundamentales, por lo que conminó al presidente municipal: “Con respeto, pero con firmeza, le solicito que cese de inmediato los efectos de esta circular que discrimina y vulnera a las y los trabajadores de este Ayuntamiento. Le pido instruir al Órgano Interno de Control para dejarla sin efectos y que, en lo sucesivo, cualquier medida administrativa sea compatible con la Constitución, los tratados y el principio de laicidad bien entendida”.

Reflexionó: “Levantar los efectos de esta circular no es un gesto de debilidad; es un acto de responsabilidad institucional. Corregir hoy previene juicios mañana. Reconocer un error y enmendarlo fortalece a este Cabildo, porque muestra que somos un gobierno que escucha, que rectifica y que respeta. Mantener la circular en vigor no solo es ilegal: es alimentar un conflicto que crecerá día a día hasta volverse ingobernable.

Por último advirtió: “Este Cabildo no puede convertirse en juez de la conciencia de nadie. La fe —cualquiera que sea— no es motivo de sospecha, inquisición o persecución. La libertad religiosa no se negocia, se respeta; La dignidad humana no se discute, se garantiza y la fe jamás debe ser motivo de persecución. Defender la libertad religiosa no es defender a un grupo: es defender la esencia de la democracia y de la dignidad humana”.

El alcalde Luis Munguía clausuró de inmediato la sesión, pero la regidora Bañuelos le solicitó una respuesta, a lo que prometió revisarlo.