El gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis, promulgó un conjunto de leyes que refuerzan las restricciones contra la inmigración ilegal en el estado. Entre las disposiciones más controvertidas se encuentra la aplicación de la pena de muerte para inmigrantes sin autorización que sean declarados culpables de delitos como asesinato premeditado o violación de menores. La iniciativa ha generado un amplio debate y podría enfrentar impugnaciones legales en los tribunales.

Entérate: Texas ofrece terreno a Donald Trump para deportación masiva de indocumentados

La nueva legislación posiciona a Florida como uno de los estados con políticas migratorias más estrictas. La aprobación de estas medidas surge en un contexto donde gobiernos estatales conservadores buscan reforzar el control migratorio, alineándose con la agenda del expresidente Donald Trump. La norma también incrementa las penas para delitos cometidos por inmigrantes sin documentos y establece sanciones para aquellos que ingresen al estado tras haber sido deportados previamente.

Un acuerdo tras semanas de tensión

El camino hacia la aprobación de estas reformas no estuvo exento de tensiones. Durante semanas, los legisladores republicanos debatieron cómo estructurar la iniciativa sin generar conflictos internos. Finalmente, se logró un consenso con el gobernador, quien presionó para que las restricciones fueran más severas.

“Florida está a la vanguardia en la resolución de la crisis de inmigración ilegal”, declaró DeSantis al firmar las leyes en una ceremonia oficial.

El senador republicano Joe Gruters, quien impulsó la medida, reconoció que las negociaciones fueron complejas.

“Fue un proceso doloroso, pero finalmente logramos un acuerdo”, afirmó.

#TvMigranteInforma

El gobernador de #Florida, #EEUU, Ron DeSantis (@GovRonDeSantis), firmó una ley antimigrante, en la que se incluyen las siguientes medidas:

🔴 Establecer pena de muerte automática para migrantes que cometan asesinato
🔴 Reforzar la autoridad del gobernador… pic.twitter.com/6fJL2aFBAO

— SPR Informa (@SPRInforma) February 14, 2025

Sin embargo, las diferencias entre DeSantis y algunos aliados de Trump podrían mantenerse, especialmente con miras a futuras contiendas políticas.

Críticas y posibles impugnaciones

Las organizaciones defensoras de derechos civiles han rechazado la aplicación de la pena de muerte en estos casos, argumentando que es una disposición inconstitucional. Diversos grupos han citado precedentes de la Corte Suprema que podrían invalidar la medida.

“Esto podría sentar un precedente peligroso y abrir la puerta a discriminaciones”, señalaron representantes de la oposición.

El paquete de leyes también incluye una asignación de 298 millones de dólares para fortalecer las agencias de seguridad con nuevos equipos y personal. Además, se revoca el acceso a matrícula estatal para estudiantes indocumentados en universidades públicas, una decisión que ha generado protestas en sectores académicos y comunitarios.

The bill I signed today makes Florida the strongest state in the nation for immigration enforcement. This legislation will enlist state and local law enforcement to assist the Trump Administration with re-establishing the rule of law, removing illegal aliens from our country, and… pic.twitter.com/qsnvydxhE7

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 14, 2025

Otros estados siguen la misma ruta

Florida no es el único estado que ha endurecido su postura migratoria. En Alabama, el Senado estatal aprobó leyes que permiten la detención prolongada de inmigrantes sin documentos y exigen la recolección de muestras de ADN para quienes sean arrestados. En Georgia, se ha reforzado la legislación para sancionar a los gobiernos locales que no cooperen con las autoridades federales en la identificación de inmigrantes sin autorización.

Conoce las noticias más relevantes en nuestro canal de WhatsApp

Los efectos de estas medidas podrían derivar en disputas legales prolongadas y un posible enfrentamiento con el gobierno federal. Mientras tanto, los sectores afectados continúan manifestando su preocupación por el impacto social y económico de estas políticas en sus comunidades.