Fiscalía de Nayarit investigaría presunto fraude en Terralta: familias en incertidumbre
La Fiscalía General de Nayarit estaría investigando un presunto fraude en las transmisiones de dominio de las propiedades correspondientes a las tres etapas de los fraccionamientos Terralta I, II y III, incluyendo condominios, plazas comerciales, áreas verdes y terrenos dentro de este polígono residencial ubicado en Bucerías, Bahía de Banderas, entre diversas empresas constructoras.
Dicha presunción fue externada por el director jurídico del XII Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Marcos Parra Becerra, quien no abundó en más detalles sobre la situación que afecta a un centenar de familias, incluidas personas extranjeras, debido a que las investigaciones siguen su curso y se encuentran fuera de las facultades municipales.
Sin embargo, se ofrecieron a dialogar con la Fiscalía para que brinde información clara sobre el tema, y se invitó a las familias afectadas a acercarse directamente a la Fiscalía General del Estado de Nayarit.
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El caso ha generado incertidumbre debido a las dimensiones de este aseguramiento, el cual ha sido comparado con el “Megaoperativo Nuevo Nayarit”, implementado por el Gobierno del Estado y ejecutado por la Fiscalía desde hace un par de años. En ese operativo se busca la recuperación de propiedades que salieron del patrimonio de los nayaritas y cayeron en manos de particulares, afectando incluso a compradores de buena fe.
Tal como ocurrió en el fraccionamiento Náutico de Nuevo Vallarta, donde se aseguraron residencias y condominios marcados con lonas de “Inmueble Asegurado”. En ese caso, más de 80 familias tuvieron que recurrir al amparo, invirtiendo hasta un millón de pesos para recuperar su patrimonio.
Por ello, tras haber adquirido legalmente sus viviendas en los fraccionamientos antes mencionados, las familias ahora tendrán que emprender un proceso legal para lograr la liberación de sus propiedades.
Cabe recordar que fueron inmovilizados cotos enteros y torres condominales, mientras que los propietarios observan con frustración cómo sus bienes permanecen en un limbo jurídico.
A casi una semana de haberse realizado el aseguramiento, la situación no ha sido esclarecida por parte de la Fiscalía General de Nayarit.
GCC
