FGR exige desafuero de magistrado en Nayarit por desaparición forzada

Rodrigo Benítez Pérez es investigado por su posible vinculación en la destrucción de pruebas de una fosa clandestina hallada en 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Congreso de Nayarit que inicie un juicio de procedencia, es decir, el desafuero del magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit,Rodrigo Benítez Pérez, quien es investigado por el delito de desaparición forzada en perjuicio de ciudadanos nayaritas.

Una vez recibida la solicitud, el Congreso de Nayarit turnó el caso a comisiones para su análisis, donde se determinará si procede o no iniciar el proceso.

El magistrado podría estar implicado en la destrucción de pruebas localizadas en una fosa clandestina descubierta en 2019 cerca del aeropuerto de Tepic, cuando Benítez Pérez se desempeñaba como director general de investigación ministerial en la Fiscalía de Nayarit, según investigaciones de la periodista Karina Cancino.

En esa fosa, donde se encontraron 21 cuerpos, se hallaron además objetos que podrían incriminar a elementos de la Policía Estatal, como aros aprehensores, un tolete y una camisa con el logotipo de la corporación.

La FGR comenzó a investigar este caso en 2023, tras la denuncia de la madre de un joven desaparecido en junio de 2017, cuyo cuerpo fue localizado en la fosa clandestina en 2019. Los indicios encontrados fueron presuntamente destruidos por la Fiscalía de Nayarit.

Benítez Pérez fue nombrado magistrado por la XXXIII Legislatura de Nayarit hace un año, tras una larga carrera en la Fiscalía General del Estado. Se especula que su nombramiento fue una salida estratégica después de la detención de la fiscal de desaparecidos en septiembre de 2023, quien fue liberada poco después. También ha sido vinculado al ex fiscal Edgar Veytia, detenido en Estados Unidos.

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El juicio de procedencia o desafuero es un proceso parlamentario que se realiza cuando se presume que un funcionario público ha cometido un delito. Este procedimiento elimina la protección legal que impide que el funcionario sea juzgado, permitiendo su enjuiciamiento como cualquier ciudadano.

JB

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Isrrael Torres