Exalcalde José Gómez regresa a tribunales: Reactivan caso por intento de homicidio en penal de Bucerías

El exalcalde de Bahía de Banderas (2014-2017) y actual diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Gómez Pérez, fue citado nuevamente a comparecer ante la justicia este 20 de febrero, tras reabrirse el caso relacionado con el empresario Eduardo Valencia Castellanos, quien lo acusa de presunta omisión en un intento de homicidio ocurrido en el penal de Bucerías en 2017.

El caso contra José Gómez Pérez se reactiva luego de que, mediante un amparo indirecto, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito concediera la inconformidad presentada por Valencia Castellanos frente a resoluciones reiteradas del Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región V, con sede en Bucerías, Héctor Hiram Sánchez Meza, respecto al NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL en contra del exalcalde, siendo la última determinación del 21 de febrero de 2025.

Asimismo, se ordenó dejar insubsistente la audiencia celebrada el veinte de noviembre de dos mil veinticuatro, dentro de la carpeta administrativa 66/2022, lo que implica la reapertura formal del caso contra José Gómez Pérez para analizar, bajo los argumentos del quejoso Eduardo Valencia Castellanos, si existe o no responsabilidad en los hechos denunciados.

El 20 de febrero se celebró la audiencia inicial, conforme a lo mandatado por el tribunal, para que ambas partes presentaran nuevamente sus argumentos.

Acusaciones contra José Gómez Pérez por hechos en el penal de Bucerías

Eduardo Valencia Castellanos alega ante el juez que, de conformidad con los artículos 1, 5 y 24 del Reglamento Interior de la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, los encargados de velar por la integridad física del quejoso dentro del centro penitenciario donde se encontraba recluido eran, en primer lugar, el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; la directora de Seguridad Pública de Bucerías; así como los alcaides o jefes de custodios del penal, por lo que considera que eran responsables de los actos de tortura sufridos durante su reclusión.

Valencia Castellanos acusa al entonces alcalde José Gómez Pérez de haber sido omiso y de haber consentido actos de tortura, golpes y tratos inhumanos en su contra, al ser el encargado de la cárcel municipal, junto con la entonces directora de Seguridad Pública, Briana Guzmán, y el alcaide o director del penal.

Señala que durante los 50 meses que pasó en prisión, de 2013 a 2017, fue golpeado, torturado y enviado en 2016 al calabozo conocido como “La Loba”, dentro de la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, donde permaneció entre alacranes, orines y heces fecales, sin comida, atención médica ni medicamentos.

Afirma que estos hechos derivaron posteriormente en un intento de homicidio, presuntamente para presionarlo a desistir de la lucha por la recuperación del condominio Acqua, en disputa legal.

Recomendaciones de Derechos Humanos y presunta omisión

De acuerdo con los antecedentes y datos de prueba presentados por Valencia Castellanos, tanto el exalcalde José Gómez Pérez como los encargados de Seguridad Pública y del penal fueron advertidos de lo que ocurría dentro del centro penitenciario, pero habrían sido omisos ante las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos.

Los padres de Valencia Castellanos interpusieron dos quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit (CDDH), que derivaron en la recomendación 07/2016 dirigida al entonces presidente municipal de Bahía de Banderas, el priista José Gómez Pérez.

Se señala que el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal otorgó la suspensión provisional 2225/2015 para que el exalcalde de Bahía de Banderas, así como el director y subdirector de la cárcel municipal, lo sacaran de la celda de castigo; sin embargo, los funcionarios habrían sido omisos, aun bajo advertencia de multa económica y posibles responsabilidades por abuso de autoridad.

En la recomendación se lee que, al día siguiente de la visita de la comisión, Valencia Castellanos informó al visitador general Roberto Lomelí que “una vez que nos retiramos de esa cárcel, un interno del mismo penal a quien apodan Sammy le robó una tarjeta telefónica”. Cuando reclamó, señaló que “lo ingresaron a la celda número 15, donde internan a los locos (…) Cabe hacer mención que quien realizó este movimiento de celda fue el alcalde, quien le informó que dicha determinación de cambiarlo de celda venía de muy ‘arriba’”.

Por ese motivo, el titular de la CDDH, Huicot Rivas Álvarez, emitió la recomendación 7/2016 dirigida al presidente municipal José Gómez Pérez para que se retiraran los barrotes del área de castigo, se modificara el reglamento de la cárcel “para establecer un procedimiento disciplinario” y se eliminara la suspensión de visitas. Además, solicitó garantizar “la integridad física, psíquica y moral de los presos”.

Defensa de José Gómez Pérez

Por su parte, José Gómez Pérez y su defensa argumentan que no tuvo injerencia directa en los actos de violencia denunciados por Eduardo Valencia Castellanos, por lo que consideran que debería mantenerse el no ejercicio de la acción penal en su contra.

Gómez Pérez sostiene que no tenía la responsabilidad garante de cuidar directamente a Valencia Castellanos durante su reclusión y que, en su carácter de presidente municipal, tenía múltiples responsabilidades y no podía tener “ojos para todo”.

“El señor quería que yo estuviera cuidándolo y yo tenía otras responsabilidades como presidente municipal”, explicó a Cps Noticias y Tribuna de la Bahía.

Señaló que no está vinculado a proceso y que solo participa en calidad de “participante y que hay todavía más personas que han sido citadas, no nada más él”.

Añadió que si Eduardo Valencia Castellanos debe recibir justicia, que la reciba, “pero sin molestar a terceros”; además, dijo que “está desubicado legalmente y que solo ve descuidos en los procesos legales para tramitar amparos, no tiene argumentos sólidos”.

También cuestionó: “porqué señala a él, porque es el expresidente municipal y el señor Eduardo Castellanos ya vió una forma de recibir la reparación del daño de manera económica”.

El legislador afirmó estar tranquilo y recordó que en dos ocasiones se ha determinado el no ejercicio de la acción penal en su contra, y espera una tercera resolución en el mismo sentido.

Asimismo, reconoció que le tocó gobernar durante el periodo en que el exfiscal Edgar Veytia estuvo en funciones, pero aclaró que no tiene relación con sus hechos y que nunca hubiera dejado, consentido o estado de acuerdo con lo ocurrido a Valencia Castellanos.

Finalmente, aseguró que no descuidará el proceso, ya que no busca volver a prisión y también desea proteger su patrimonio y el de su familia. Adelantó que dará a conocer el avance del caso debido al escarnio mediático y mencionó que vienen más citatorios, esperando que no se prolonguen por un año, como ocurrió recientemente.