EU golpea a empresario vallartense y a tres miembros del cártel
Foto: Especial
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó a su lista de sanciones a Michael Ibarra Díaz Jr., empresario turístico de Puerto Vallarta, junto con 13 empresas y tres operadores de un grupo criminal por su participación en un esquema de fraude con tiempos compartidos.
La medida también alcanza a Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, previamente identificados como líderes de la organización en la región.
Empresario con doble rostro
De acuerdo con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Ibarra proyectaba una imagen de empresario legalmente establecido, pero colaboraba para el grupo delictivo.
Durante más de dos décadas, operó en la venta y manejo de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y el norte de Nayarit. Su formación como contador le permitió integrarse a la compleja red financiera del cártel.
Empresas bajo la lupa
Las compañías sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos forman parte de la estructura utilizada para mover recursos y engañar a víctimas, principalmente ciudadanos estadounidenses de la tercera edad.
Entre ellas figuran Akali Realtors, Sunmex Travel, Santamaria Cruise y Fishing Are Us, entre otras.
La sanción congela sus activos en suelo estadounidense y prohíbe cualquier transacción con ciudadanos o instituciones del país.
Fraude sofisticado y millonario
El esquema, controlado por el cártel desde 2012, usaba información interna de hoteles y resorts para contactar a dueños de tiempos compartidos.
Los operadores se hacían pasar por abogados o intermediarios, ofreciendo comprar o rentar las propiedades a cambio de pagos adelantados que nunca se reembolsaban.
Las estafas incluían incluso revictimización, haciéndose pasar por autoridades para exigir nuevos pagos con supuestas multas.
Entre 2019 y 2023, el FBI registró unas 6 mil víctimas y pérdidas cercanas a 300 millones de dólares.
Solo en seis meses recientes, se documentaron 250 reportes y 1,300 transacciones sospechosas por 23.1 millones de dólares.
El promedio pagado por cada víctima asciende a 28,912 dólares, más de medio millón de pesos mexicanos.
