España aprueba un ingreso mínimo frente a la pobreza
El gobierno español aprobó este viernes la creación de un ingreso mínimo vital, para combatir una pobreza agudizada por la crisis del coronavirus y que ha llevado a muchas familias a tener que pedir alimentos para sobrevivir.
“Hoy nace un nuevo derecho social en España”, proclamó el vicepresidente del gobierno y líder de la izquierda radical de Podemos, Pablo Iglesias, tras aprobarse la medida en consejo de ministros.
Según explicó, la renta mínima vital garantizará 462 euros al mes (515 dólares) a un adulto que viva solo.
En el caso de las familias, a este mínimo se sumarán 139 euros (155 dólares) al mes por cada persona adicional, adulto o niño, con un máximo de 1.015 euros por hogar (1.130 dólares).
La renta mínima será compatible con otros ingresos, de manera que si alguien tiene un empleo de baja remuneración, recibirá un complemento hasta alcanzar los umbrales previstos en el dispositivo aprobado este viernes.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social detalló a su vez en un comunicado que con este dispositivo “la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar”, es decir unos 11.220 dólares.
El gobierno explicó que espera atender a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas, un 30% de las cuales son menores.
De momento, en junio, se espera que unas 100.000 familias se beneficien de la medida.
El ingreso mínimo vital era una promesa del ejecutivo de coalición formado por los socialistas y podemos, que se ha visto “obligado a acelerar la implementación” ante la crisis del coronavirus, indicó Iglesias.
Y es que el parón económico envió al desempleo a cientos de miles de personas y disparó la pobreza de forma más aguda que cuando la crisis de 2008, el año en que estalló la burbuja inmobiliaria en España.
Por primera vez en sus vidas, muchas familias, sobre todo en Madrid, están teniendo que pedir comida en parroquias y asociaciones de vecinos.
El gobierno enfatizó que con la medida, presupuestada en 3.000 millones de euros anuales (3.340 millones de dólares), quiere eliminar la pobreza extrema, que según sus cálculos afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas.
Precisamente, en febrero, el Relator Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza, Philip Alston, dijo al término de una misión que España le estaba “fallando por completo a las personas que viven en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea”.
El ministro español de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicó que en el caso de España se reduce “mucho menos” que en otros países vecinos la tasa de pobreza extrema después de las transferencias públicas, quedando en un 9%, frente a una media europea del 5,4%.
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