¿Es necesario que los regidores tengan asesores en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta?
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La figura de los asesores en los equipos de regidores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta no es nueva ni ilegal. Está contemplada dentro del marco organizativo que permite a los gobiernos municipales estructurar su administración para cumplir con sus funciones.
Sin embargo, que sea legal no significa que sea obligatoria ni que su utilidad esté garantizada.
Lo que marcan los reglamentos
El Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública Municipal establece las bases para organizar las dependencias y áreas de apoyo técnico del Ayuntamiento.
Bajo este esquema, los regidores —como integrantes del Cabildo— pueden contar con personal que respalde el análisis de iniciativas, dictámenes y propuestas normativas.
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco faculta a los ayuntamientos a definir su estructura administrativa y contratar el personal necesario, siempre que exista suficiencia presupuestal y se respete lo aprobado en el Presupuesto de Egresos anual.
Es decir, la ley habilita la figura de asesores, pero no obliga a que cada regidor tenga uno o varios asignados de manera automática.
Presupuesto y justificación
La contratación de asesores depende directamente de lo aprobado en la Ley de Egresos municipal. Cada ejercicio fiscal debe especificar las plazas autorizadas y el techo financiero destinado a nómina.
Aquí surge el punto crítico: el asesor es funcional siempre y cuando el regidor cumpla con su responsabilidad principal, que es presentar iniciativas, puntos de acuerdo y propuestas ante el Cabildo.
Sin producción legislativa ni trabajo en comisiones, el respaldo técnico pierde sentido.
Un asesor debería investigar, redactar proyectos normativos, analizar reglamentos y sustentar jurídicamente las propuestas.
Si no existen iniciativas que defender o construir, el gasto público destinado a esa plaza resulta cuestionable.
Legalidad no es sinónimo de necesidad
En términos estrictamente jurídicos, los asesores son legales porque el marco normativo permite personal de apoyo técnico. Pero su necesidad depende de la carga real de trabajo, la complejidad de los temas municipales y el desempeño individual de cada regidor.
El debate, entonces, no es si pueden existir, sino si su costo se traduce en resultados tangibles para la ciudad.
Transparencia y rendición de cuentas
La discusión debe centrarse en datos verificables: cuántos asesores tiene cada regidor, cuánto cuestan al erario y cuántas iniciativas se han presentado y aprobado.
Porque en política municipal, la legitimidad no se construye con plazas en nómina, sino con trabajo en Cabildo.
