Eliminación de órganos autónomos
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con 332 votos a favor y 119 votos en contra, el dictamen por el que se extinguen siete organismos autónomos, parte del Plan C impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento del combate a la corrupción y la austeridad.
Este órgano descentralizado, cuya creación fue impulsada por Morena para “cuidar” el T-MEC, tendrá “independencia técnica y operativa”, además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependerá directamente del gobierno.
Asumirá las funciones “en materia de libre competencia y concurrencia” y, de acuerdo con las modificaciones aprobadas al artículo 28 constitucional, tendrá como función: prevenir, investigar y combatir monopolios y concentraciones en todos los mercados, a fin de eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que habrá corrupción y riesgos tras la aprobación de la reforma que elimina los reguladores autónomos de transparencia, energía, competencia económica y telecomunicaciones.
Los organismos a eliminar son: la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
Con la eliminación de estos siete organismos se prevé sumar a las arcas del gobierno alrededor de 4,422 millones de pesos que, junto con otras economías, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Los órganos autónomos, como los reguladores de hidrocarburos, energía y telecomunicaciones, han jugado un papel crucial en garantizar mercados imparciales y fomentar la competencia.
En mi opinión, eliminar su independencia significa retroceder en eficiencia y transparencia, además de encarecer servicios básicos como la energía y las telecomunicaciones.
La falta de órganos autónomos podría dificultar el acceso a información crucial sobre el uso de recursos públicos, debilitar los mecanismos de vigilancia y perjudicar la evaluación imparcial de las políticas públicas.
En cuanto a la reforma energética, la opción sería aumentar la capacidad de generación distribuida de energía eléctrica de 0.5 a 3 megawatts, lo que aceleraría la transición hacia energías limpias y reduciría los costos tanto para los ciudadanos.
Un sistema más robusto de generación distribuida aliviaría la presión sobre la infraestructura eléctrica, reduciría apagones y fomentaría la competitividad.
Por otro lado, la eliminación de estos órganos puede resultar un incumplimiento en las relaciones comerciales del país en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Es preciso que se consolide una institución independiente y autónoma, encargada de la investigación y sanción de prácticas que afecten la competencia en los mercados.
También se debería incorporar la experiencia de 32 años de la COFECE, asegurando los protocolos vigentes para el análisis de los mercados y los procedimientos en forma de juicio, adaptando estos lineamientos al sector de las telecomunicaciones.
La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos, la rendición de cuentas, la transparencia, la protección de datos personales, lo que ya no va haber son mil millones de pesos que se destinaban para esto.
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