Elección judicial, simulación y fracaso nacional
La organización de la próxima elección judicial en México, programada para el domingo 1 de junio del 2025, apunta a ser la crónica de un fracaso anunciado, debido a una serie de decisiones y recortes presupuestales que han minado su viabilidad y credibilidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una tormenta perfecta de limitaciones que han puesto en jaque la calidad del proceso electoral y la confianza de los ciudadanos.
En primer lugar, la contratación de personal de supervisión electoral será de apenas 4,941 personas, lo que representa un 32% menos de lo que originalmente se había previsto.
Este recorte impacta directamente en la capacidad del INE para garantizar una supervisión adecuada y una operación eficiente durante la jornada electoral.
Además, en el caso de los capacitadores asistentes electorales (CAE), el recorte es aún más severo: se contratarán 24,015 personas, un 43% menos de lo planificado inicialmente.
Esto no solo limita la cobertura territorial del proceso de capacitación, sino también pone en riesgo la adecuada formación de los funcionarios de casilla.
Otro punto crítico es la eliminación del bono de productividad que se había presupuestado para el personal electoral.
Debido a los recortes presupuestales impuestos al INE, este incentivo económico, que podría haber servido como un motor para la eficiencia y el compromiso del personal, no podrá entregarse.
La falta de este bono no solo desmotiva al personal, sino que también refleja una preocupante indiferencia hacia las condiciones laborales de quienes serán responsables de llevar a cabo el proceso electoral.
Aún más alarmante es la reducción del 57% en el número de casillas que se habían previsto para todo el país.
Este ajuste drástico, derivado de la decisión de instalar las mesas directivas de casilla a nivel seccional, limita seriamente el acceso de los ciudadanos a los centros de votación y podría traducirse en una baja participación.
La disminución de casillas no solo es un golpe a la logística electoral, sino también una afrenta a los principios democráticos de accesibilidad y representatividad.
Este panorama sombrío es el resultado directo de una legislación apresurada y guiada por intereses ideológicos que han debilitado la capacidad del INE para cumplir con su mandato.
Los recortes presupuestales y la falta de planificación adecuada han dejado a la institución en una posición vulnerable, y el resultado final será una elección que difícilmente podrá ser considerada como la de menor certeza jurídica, transparencia y eficiencia de los últimos años en México.
Los críticos de esta situación han señalado que legislar “al vapor” y desde una perspectiva ideológica ha generado un escenario caótico que podría tener consecuencias graves para el futuro de los procesos democráticos ya están cuestionados en el país.
El INE, una institución que históricamente ha sido reconocida por su profesionalismo y autonomía, se encuentra ahora en el centro de una tormenta que podría marcar otro gran retroceso en los avances democráticos de México.
La elección judicial de junio se perfila como una simulación y un fracaso nacional que pone en evidencia las graves consecuencias de priorizar agendas políticas sobre las necesidades reales de los ciudadanos y las instituciones democráticas.
EU
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