Foto: CPS
Las manifestaciones por el caso de Clarisa —una mujer que perdió la vida tras un accidente vial— terminaron por exhibir algo más profundo que la indignación: una grave confusión sobre cómo funciona la ley, una preocupante falta de responsabilidad ciudadana y una ausencia evidente de liderazgo.
Las protestas no fueron masivas. Nunca superaron el centenar de personas. Comenzaron en las oficinas del Gobierno del Estado, en la UNIRSE, y después se trasladaron por Prisciliano Sánchez hasta bloquear, en ambos sentidos, la avenida Francisco Medina Ascencio. También fue cerrada la circulación en Prisciliano Sánchez y Politécnico Nacional. Durante horas.
El reclamo principal fue uno: que el alcalde Luis Munguía se presentara.
Y ahí empieza el problema.
La ley no se aplica a contentillo de quienes se sienten agraviados. Nos duela o no, la ley es la ley. Y para que funcione, debe seguir un camino puntual. A eso se le llama debido proceso. Si el debido proceso se rompe, el eventual responsable no paga. Se libera. Se ampara. Se esfuma.
La Fiscalía del Estado de Jalisco informó desde el jueves que el proceso está en marcha y judicializado. También dejó claro algo incómodo, pero fundamental: no hay testigos que hayan querido declarar ni firmar una acusación formal. Aun así, el presunto responsable está localizado y bajo la lupa de la Fiscalía. No está libre. No está olvidado. Está dentro de un proceso legal.
Eso no es impunidad. Es procedimiento.
Pretender que la justicia avance a base de bloqueos, gritos o presión política es no entender —o no querer entender— cómo funciona el sistema penal. La justicia no se acelera con caos. Se destruye.
El alcalde Luis Munguía no tiene responsabilidad penal en este caso. Ninguna. Pensar lo contrario es una simplificación peligrosa. Luis Munguía, como cualquier alcalde del país, es autoridad civil. Es jefe de la policía municipal y de Tránsito. Su función se limita al registro del accidente y a la actuación como primer respondiente.
El presunto responsable estaba herido. Fue trasladado a un hospital. Ahí permaneció sin que nadie se presentara a denunciarlo, sin que ningún testigo acudiera a declarar. La familia de Clarisa lo sabe. Y lo omite. No se entiende por qué.
Sin testimonios, no hay caso sólido.
Sin firmas, no hay imputación inmediata.
Sin valor civil, no hay justicia posible.
No hay videos aportados formalmente, aunque se sabe que existen.
No hay examen de alcoholemia dado a conocer.
No hay testigos valientes —y sí, hay que decirlo así— con los arrestos suficientes para asumir la responsabilidad de su solidaridad.
Se entiende el dolor.
Se entiende la rabia.
Se entiende la impotencia.
Lo que no se entiende es el ruido.
Porque alrededor de la familia hoy no hay verdadera ayuda. No hay responsabilidad. No hay compromiso real con la justicia. Si lo hubiera, ya se habrían presentado los testigos. Ya estarían las pruebas sobre la mesa. Ya estaría el caso fortalecido.
¿Y Vallarta qué culpa tiene?
¿Y los miles de automovilistas atrapados durante horas?
¿Y el turismo?
¿Y la economía?
¿Y el derecho de terceros?
Aquí nadie sale limpio.
Ni quienes bloquean sin entender el proceso.
Ni quienes callaron cuando debían hablar.
Ni quienes prefieren el grito al expediente.
Ni las autoridades que, aun sin ser responsables directas, no han tenido el valor civil de dar la cara, explicar con claridad el estado legal del caso y acompañar, con empatía y firmeza, a una sociedad desorientada.
Hoy fue una mala jornada para Puerto Vallarta.
No hubo conciencia social.
No hubo responsabilidad ciudadana.
No hubo entendimiento.
Y tampoco hubo liderazgo.
Triste para todos.
Triste por la ciudad.
Triste, sobre todo, por la pérdida de una mujer que jamás debió morir y cuyo agresor deberá, tarde o temprano, asumir las consecuencias de sus actos.
Pero no será el caos quien lo logre.
Será la ley.
O no será nada.
