El amparo, mecanismo de defensa
El juicio de amparo es una de las mayores contribuciones de México al constitucionalismo.
Nacido en el siglo XIX, el amparo ha sido un instrumento esencial para contener los abusos de poder y proteger derechos fundamentales como la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica.
Su fortaleza ha permitido equilibrar la relación entre el Estado y los ciudadanos; ha sido un instrumento clave en la construcción de derechos.
Modificar este mecanismo sin un análisis técnico y plural representa un retroceso histórico.
La confianza en las instituciones y el acceso a la justicia no pueden ser sacrificadas en nombre de una supuesta eficiencia fiscal o política.
Ante esta situación, y bajo el argumento de actualizar este ordenamiento en materia de justicia constitucional, fiscal y administrativa para evitar el abuso de la figura del amparo.
El Senado de la República acaba de aprobar una reforma a la Ley de Amparo con algunos cambios comprensibles.
Sobre todo, en materia fiscal, y otros cuestionables, como la modificación de las medidas para la suspensión del acto reclamado y la restricción del interés legítimo, lo cual impacta directamente a las empresas y a la sociedad que resulte afectada por un acto de autoridad o por decisiones que inciden en comunidades enteras.
Lo más riesgoso de todo fue la inclusión, de último momento, de un transitorio que permite la retroactividad de esta reforma, lo cual es, a todas luces, inconstitucional y afecta los derechos de las personas que ya estén llevando un caso.
Además, en un entorno de cambios institucionales enfocados principalmente en el Poder Judicial, esta reforma a la Ley de Amparo implica nuevos escenarios que comprometen la actuación de un Poder que, durante décadas, ha sido contrapeso para el acceso a la justicia y que nuevamente se enfrentaría a nuevas reglas, procesos y poca certidumbre sobre su papel en el régimen político nacional.
Es indispensable que, ahora que el Congreso de la Unión se abra el diálogo y el debate para realizar las modificaciones necesarias que sí permitan controlar los abusos de dicha figura, pero protegiendo siempre los derechos y libertades de los ciudadanos, que son prioritarios para cualquier país que se considere democrático. Ya que la modificación como se aprobó es una franca violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de México.
Desde el sector privado se hace un llamado a las y los diputados para abrir el diálogo con especialistas de los distintos sectores y contemplar las mejores formas de ajustar la norma sin implicar retrocesos en los derechos, considerando un análisis profundo antes de tomar otra decisión que altere la dinámica institucional y social del país.
México necesita menos incertidumbre y más diálogo y cautela.
