EEUU emite alerta de viaje a Quintana Roo por caso de taxis
En medio de la disputa entre taxistas y conductores de servicios de transporte por aplicación, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a Quintana Roo para sus ciudadanos.
En el aviso se establece que el conflicto entre operadores ha escalado de las palabras a la violencia y como resultado de los recientes hechos, algunos ciudadanos americanos han resultado lesionados.
Los gobiernos de izquierda acabaron con el paraíso que era #Acapulco ahora van por #Cancun no cabe duda, los que viven en Guerrero y Quintana Roo están peleados con su dinero, ¿estos turistas, acaso creen que volverán o recomendaran este sitio? #MorenaDestruyendoAMexico pic.twitter.com/AgCt68vC5H
— donosolara27 (@donosolara27) January 21, 2023
Asimismo detalla que los servicios por aplicación disponibles en ese estado siguen siendo una alternativa segura a los taxistas locales, además de que realizó algunas recomendaciones en caso de viajar a esta entidad:
- Revisar las recomendaciones para el destino específico.
- Todos los destinos tienen algún nivel de riesgo.
- Revisar los planes de seguridad personal
- Ser consciente del entorno y mantener un perfil bajo
- Monitorear los medios locales para mantenerse actualizados.
- En caso de emergencia o algún incidente llamar al 911 en México para solicitar asistencia inmediata
Por otro lado, en Cancún, usuarios de redes sociales convocaron a una “jornada sin taxis” luego de que se suscitaran al menos dos agresiones a conductores de transporte por aplicación.
Esta escalada de violencia se debe a que desde el pasado 11 de enero el poder judicial de la entidad otorgó un amparo a una de las empresas de transporte por aplicación para poder operar sin necesidad de contar con una concesión gubernamental.
En ese sentido, cámaras empresariales piden un alto a la violencia y critican la inacción del Instituto de Movilidad (Imoveqroo) de Quintana Roo, la cual se ha limitado a detallar que la plataforma no puede operar hasta que se reforme la ley declarada inconstitucional con el amparo y que le corresponde a la Fiscalía General del estado perseguir las agresiones.
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