Eduardo Valencia señala a José Gómez y Briana Guzmán como autores intelectuales de su intento de homicidio en 2017
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El empresario Eduardo Valencia Castellanos volvió a señalar públicamente al diputado local del PVEM, José Gómez Pérez, y a la directora del Instituto Municipal de la Mujer del XII Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Briana Guzmán Delgado, como presuntos responsables intelectuales de un intento de homicidio y actos de tortura en su contra, hechos que —según su dicho— ocurrieron cuando se encontraba recluido en el penal de Bucerías en 2017.
De acuerdo con lo expuesto por el propio Valencia Castellanos, el caso resurgió el pasado 20 de febrero, cuando tanto José Gómez Pérez como Briana Guzmán Delgado comparecieron nuevamente en calidad de imputados ante un juez de control.
Esto, tras el amparo 175/2023 promovido por el empresario, mediante el cual se revocó la resolución emitida en noviembre de 2024 por un juez de Bucerías que había determinado la no acción penal.
El empresario sostiene que, a partir de dicha resolución, se reabrieron las investigaciones para determinar la posible responsabilidad de ambos funcionarios en los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2017.
Según su versión, ese día fue brutalmente golpeado por dos sujetos dentro de su celda, lo que lo dejó al borde de la muerte. Posteriormente —afirma— fue abandonado en un hospital de Nuevo Vallarta meses después, en estado convaleciente, tras no haber recibido atención médica oportuna.
Valencia Castellanos, quien ha denunciado durante más de una década el presunto despojo del complejo Flamingos Acqua, asegura que su ingreso a prisión derivó de ese conflicto.
Bajo su argumento, conforme al reglamento del centro penitenciario, la estructura de mando recaía en el presidente municipal, el comisario de Seguridad Pública y el director del penal, por lo que atribuye responsabilidad por omisión a José Gómez Pérez y a Briana Guzmán Delgado por no garantizar su protección, quienes en ese momento fungían como alcalde y directora de Seguridad Pública.
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Añade que, pese a advertencias previas sobre el riesgo que enfrentaba, las autoridades del penal municipal de Bucerías no implementaron medidas de seguridad, lo que permitió que fuera agredido por otros internos.
Asimismo, señala presunta denegación de auxilio, al asegurar que, tras sufrir una fractura de cadera durante el ataque, no recibió atención médica inmediata de forma deliberada.
También acusa que el retraso en su traslado a un hospital agravó sus lesiones, poniendo en riesgo su vida y dejándole secuelas permanentes.
De igual forma, afirma que no se atendieron recomendaciones y medidas cautelares emitidas previamente por organismos como la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, las cuales —según indica— solicitaban garantizar su integridad.
Actores intelectuales de intento de homicidio y tortura
Valencia Castellanos sostiene que, aunque los señalados no participaron directamente en la agresión, la ley los considera presuntos autores intelectuales debido a que, aun teniendo conocimiento del riesgo, no actuaron para evitar los hechos.
“El delito puede ser realizado por OMISIÓN culpable es quien OMITA IMPEDIRLO, es decir ‘SU INACTIVIDAD es equivalente a la actividad prohibida en el tipo penal’ es garante del bien jurídico ‘QUIEN ACEPTÓ SU CUSTODIA’”, señala Valencia Castellanos.
Denuncia falta de avances en el proceso
El empresario también denuncia que, a pesar de que jueces de distrito le han concedido amparos, ninguno de los involucrados —incluidos los funcionarios señalados, custodios y presuntos agresores materiales— ha sido vinculado a proceso ni ha permanecido en prisión.
En el caso de José Gómez Pérez y Briana Guzmán Delgado, afirma que han sido favorecidos por resoluciones judiciales previas o se han mantenido en silencio, lo que —según su postura— ha impedido que el proceso avance más allá de audiencias iniciales.
Finalmente, señala que esta situación lo ha llevado a promover diversos amparos, en lo que describe como una lucha legal prolongada dentro del sistema judicial de Nayarit.
LG
