Liberan a “Doña Carlota”: Abandona penal de Chalco para cumplir arraigo domiciliario
FOTO: Especial
Este miércoles 1 de abril de 2026, Carlota ‘N’, popularmente conocida como ‘Doña Carlota’, abandonó el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco (Huitzilzingo), en el Estado de México.
La liberación se dio luego de que un juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) evaluara su situación y determinara cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria, considerando que la mujer de 74 años puede ser localizable en el domicilio de un familiar.
El momento de la liberación
Tras un año tras las rejas, en punto de las 13:32 horas, la adulta mayor cruzó la aduana del penal. Previo a su salida, un policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México le ingresó un vestido blanco con azul para que pudiera cambiarse.
Custodiada por elementos estatales, la mujer fue recibida entre aplausos por vecinos, amigos y por su hijo, el exdiputado Arturo Santana Alfaro, quienes la acompañaron durante todo su internamiento en el penal femenil.
Al ser abordada por los medios, Doña Carlota se mostró tranquila ante su cambio de medida cautelar.
“Me siento muy feliz, muy contenta y gracias a ustedes que han estado presentes, fue un mal rato realmente”, declaró.
Añadió sobre el trágico suceso:
“No hubiera querido que pasara esto… lo tomo como una defensa personal”.
Finalmente, fue trasladada en una camioneta blanca propiedad de su familia hacia la residencia donde cumplirá su arraigo.
Condiciones legales y retrasos en el proceso
Aunque el beneficio le fue otorgado por la Jueza Sexta de Distrito con sede en Nezahualcóyotl desde el 17 de marzo de 2026 (dentro de la Causa Penal 320/2025 derivada del Juicio de Amparo 2063/2025), su hijo acusó un “retraso inexplicable” de las autoridades en la colocación del brazalete electrónico.
La defensa había solicitado la prisión domiciliaria desde mayo del año pasado, basándose en los diagnósticos de hipertensión y diabetes mellitus tipo 2 de la procesada.
Para obtener su libertad, Doña Carlota debió cumplir estrictos requisitos supervisados por el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México (CEMECA), incluyendo el pago de una garantía económica de 250 mil pesos (cubierta el 19 de marzo) y la colocación de un brazalete localizador.
Asimismo, tuvo que acreditar que no cuenta con pasaporte vigente para evitar el riesgo de fuga. Esto se comprobó con el oficio DGP 6665/2026, firmado por Roberto Contreras Perdomo, Jefe de Departamento de la Dirección General de Oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
A un año de la tragedia por despojo
La salida de la adulta mayor ocurre exactamente a un año de los hechos violentos del 1 de abril de 2025. El caso, que se volvió viral en redes sociales, tuvo lugar en una vivienda de la calle Hacienda la Labor, en la Unidad Habitacional Ex hacienda de Guadalupe (comunidad de Candelaria Tlapala, Chalco).
Aquel día, Carlota y sus familiares acudieron a desalojar a presuntos invasores que se habían apoderado de su propiedad y se negaban a salir.
La confrontación escaló y la mujer disparó su arma, provocando la muerte de Esaú Márquez, de 51 años, y de su hijo Justin Márquez, de 19, además de herir en las piernas a un adolescente de 15 años de identidad reservada.
Por esta razón, Doña Carlota se encuentra vinculada a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
El estatus de los demás implicados
En los mismos hechos participaron Mariana “N” y Eduardo “N”, hijos de la mujer, quienes actualmente se mantienen vinculados a proceso y recluidos bajo prisión preventiva justificada.
Días después del tiroteo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que Mariana “N” era la propietaria legal del inmueble en disputa.
Sin embargo, su representante legal se negó a recibir la vivienda, argumentando que “por el momento no era de su interés”.
El panorama comenzó a cambiar para la familia en febrero de este año, cuando un juez sentenció a seis años de prisión a Víctor Eladio Torres Ortiz.
Este sujeto reconoció su responsabilidad como uno de los invasores del inmueble y, además de la condena, se le ordenó ofrecer una disculpa pública y la promesa de no volver a incurrir en el delito de despojo.
