AMLO busca desaparecer organismos autónomos
Andrés Manuel López Obrador manifestó su deseo de eliminar organismo autónomos, en especial al Instituto Nacional Electoral pues argumenta que duplican funciones y que tienen un costo muy elevado para ser solo instrumentos de simulación creados por gobiernos anteriores:
“Los organismos autónomos atentan contra el pueblo y solo ven intereses de unos cuantos, ya que sólo fueron creados para desorganizar al Estado, surgieron como hongos”.
A principios de este 2021, AMLO anunció que enviaría al Poder Legislativo una iniciativa de ley con la cual desaparecerían organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Transparencia y la Comisión Reguladora de Energía. Sus funciones, dijo, pasarían a las secretarías del Estado.
Especialistas han respondido que los organismos autónomos cumplen una función muy necesaria en la sociedad, sobre todo en un país como México donde se cuenta con un sistema político vertical, cerrado y profundamente autoritario en su funcionamiento.
El jurista Hiram Escudero Álvarez justifica la creación de organismos autónomos como “la vía tendiente a fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política en un Estado de derecho”.
Al respecto, el doctor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte dijo:
“Son un logro y una conquista de la ciudadanía. Son órganos que garantizan y protegen nuestros derechos frente al gobierno y son órganos de los ciudadanos, no del gobierno”.
El proceso para desaparecer organismo autónomos
Según la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván Laborde, para eliminar organismos autónomos se requiere de una ruta legal específica para cada uno de ellos aunque siempre existe la posibilidad de realizar cambios a la Constitución.
El artículo 135 estipula que una reforma constitucional debe ser aprobada por dos terceras partes de los individuos presentes en ambas Cámaras. Después, al menos 16 Congresos locales deben dar su consentimiento.
Sin embargo una “macro reforma constitucional” como esta tendría un carácter regresivo y autoritario, aseguró Pedro Salazar Ugarte.
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