Desafíos para la Comisión de la Verdad

Se ha dado inicio a los trabajos de la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por hechos ocurridos entre 1965 y 1990 por parte del Gobierno Federal, en el acto se dieron cinco discursos que marcan por decirlo de alguna forma, la apertura del diálogo sobre este importante asunto para la vida pública del país. 

Dos de ellos fueron sobre víctimas directas de los crímenes de Estado perpetrados por el ejército; uno de Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas y el otro de la hija de Alicia de los Ríos Merino, quien conserva el nombre de su madre; los otros tres discursos provenientes de representantes del Estado; el del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, el del Secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, y por último, el del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. 

Plantearse ejercicios de la recuperación de la memoria histórica para el esclarecimiento de crímenes de Estado es un hecho complejo sin lugar a dudas, porque requiere ahondar en una herida profunda en donde la corrupción y la impunidad han sido la constante. Este tipo de ejercicios coadyuvan a garantizar el acceso a la justicia, que justamente es el elemento indispensable para pacificar una nación como la nuestra. 

En esta espiral de violencia que produjo el Estado a partir de la guerra contra el narcotráfico, resulta de suma importancia lograr resolver la violencia que le antecedió y que fue detonante para que se profundizara la crisis actual, desligar una de la otra no ayudaría a entender el problema sistémico ante el que nos encontramos. Habría que partir de esto.

Dentro del Estado mismo existen resistencias para lograr el esclarecimiento de lo sucedido, no sólo por la cadena de complicidades, sino fundamentalmente porque ésta es la piedra angular que sostiene el pacto de impunidad con el que ha operado nuestro sistema político. No es pequeño el reto que se tiene, pero no por ello debe renunciar a ir al fondo del asunto, ni mucho menos caer en concesiones en pos del mantenimiento de la paz y la seguridad nacional. 

El discurso del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional se centró en dar cuenta de los elementos con los que contó el mando militar para cumplir con su función en los hechos ocurridos en el pasado, que si bien es cierto avanza en el reconocimiento de los crímenes de Estado, plantea elementos que deben ser discutidos como sociedad para lograr que no se repitan de este tipo de atrocidades, o como lo planteó Alejandro Encinas “avanzar en cerrar las heridas”.  

Se planteó que el ejército forma parte del Estado mexicano y en cuanto tal, fue el Estado quien desarrolló una violencia política contra los grupos guerrilleros. La idea del exterminio de estos grupos, catalogados como enemigos, no provino del mando militar, fue el mando civil el que acudió al ejército para ejecutar la desaparición de estos grupos que ponían en riesgo el control autoritario que se ejercía sobre la nación, a través de cancelar la participación democrática de la sociedad. Habría que reconocer que lo que en este contexto se aplicó fue el establecimiento de un estado de excepción que se convirtió en regla. 

Esta argumentación la han dado perpetradores de crímenes de lesa humanidad como los nazis, justamente fue Adolf Eichmann el que colocó sobre la mesa que lo único que seguía eran las órdenes de sus superiores e incluso simplemente seguía la ley y la Constitución que había establecido el regimen nazi. Él era una pieza más dentro de la maquinaria de muerte desatada por el nazismo. Su posición en la estructura administrativa no le permitía oponerse. 

Los propios alemanes al finalizar la guerra buscaron evadir sus responsabilidades, asumiendo una culpabilidad peculiar. Al solicitar perdón, muchos miembros de la reconstrucción alemana, se referían a éste como una forma de expiarse, pero la expiación tiene un doble filo, es el reconocimiento de los crímenes para que dios perdone por ellos, pero al acudir a dios se reconocía que simplemente los alemanes seguían el plan de dios en la tierra. No había justicia y mucho menos responsabilidad de las acciones concretas de cada individuo en el genocidio. 

La disertación que se propuso como base del diálogo en el campo militar número uno avanza además en la idea que el ejército obedeció porque es lo que mandata la Constitución, y es su deber salvaguardar la soberanía nacional y el orden social. Esto es correcto, pero sumamente problemático porque obedecer no significa hacerlo al margen de la Constitución en sí misma. 

Un soldado no puede obedecer la orden de realizar una ejecución extrajudicial por un superior jerárquico y no tener responsabilidad alguna en el crimen, en tanto que viola la Constitución en sí misma. Hay responsabilidad en el mando, pero mayor responsabilidad en el ejecutor.

Peor aún, no se salvaguarda el orden social y la paz a través de violaciones sexuales como la narrada por Micaela Cabañas, de las que fue víctima su madre. Menos aún, un piloto de la fuerza aérea se entrena para realizar viajes de la muerte, como en el que probablemente desaparecieron a Alicia de los Ríos Merino. Lo que en el fondo hay que empezar a reconocer es que el ejército mexicano fue utilizado para imponer un estado de excepción que le exigió la clase política y económica de México para controlar de forma autoritaria al Estado mismo. 

Enfatizar que sólo se asumían órdenes y que su actuar se debió a la lealtad al mando civil, sí pone en el centro lo caduco del sistema político mexicano, pero deja de lado la responsabilidad, se coloca por así decirlo una culpabilidad laxa. No habría que avanzar por ese camino. 

Cada individuo tuvo la elección de negarse a participar en esos crímenes, cada individuo tuvo la elección de no torturar a las jóvenes, mucho menos violarlas. Cada individuo tuvo la elección de denunciar la prisión clandestina en la que los mandos de la SEDENA convirtieron el histórico campo militar número uno. Abrir los archivos es reconocer este hecho impune, porque estos individuos no actuaron de forma aislada sino a través de un conjunto social.

Otro de los elementos que debe abrirse al debate, es que no se pueden circunscribir estos crímenes a la idea de que fueron cometidos porque un sector de la sociedad quiso levantarse en armas contra el Estado, y que las consecuencias de su derrota provocaron una herida en ese mismo sector de la sociedad. Como si los deudos de los guerrilleros fueran los únicos que necesitan la verdad y no toda la sociedad mexicana. 

Se debe comprender que el movimiento armado decidió entablar un combate contra el Estado, pero el ejército mexicano tiene que actuar con estricto apego al marco jurídico vigente, lo cual no hizo y al no hacerlo lo que se viola en sí mismo es el pacto social que nos mantiene unidos como sociedad, es decir, se violó sistemáticamente la Constitución, la misma que juraron hacer cumplir. Esta violación sistemática rompió el pacto social durante el período de la guerra de baja intensidad, se canceló el derecho humano a la disidencia. 

Apuntar a reconocer que el movimiento armado no nada más fue víctima, parece ser la solicitud que se realiza desde el ejército, por eso coloca la memoria de sus muertos en servicio, pero este planteamiento se hace sin asumir el reconocimiento pleno de responsabilidades y el estricto cumplimiento constitucional de ser vencido en un juicio y no en una ejecución extrajudicial. La justicia y la reparación debe provenir del Estado sin escatimar en el reconocimiento de las responsabilidades. 

Pero uno de los elementos que nos debe ocupar como sociedad para abrir el camino al porvenir, es precisamente el de la lealtad de las fuerzas armadas, y cómo debe entenderse ésta al mando civil. En el período posrevolucionario asumieron que el progreso sólo podría garantizarse mediante el uso de la violencia y validaron el régimen autoritario priista.

Durante el régimen neoliberal la lealtad pasó por combatir en una guerra anticonstitucional, asumiendo que el progreso no era para todos y que, la única forma de vivir en esta sociedad era a través de la movilización de las fuerzas armadas en una guerra espuria. Las desapariciones actuales son producto de técnicas utilizadas por el ejército durante la guerra de baja intensidad que quedaron en la impunidad, pero hoy se han convertido en la regla por grupos criminales.

El presidente López Obrador ha hablado constantemente que otra vía puede ser posible, la de la no violencia. Y las fuerzas armadas han asumido este principio por lo menos en el discurso, al no contradecirlo en este elemento; por ello, se le han abierto las puertas a la construcción de otro tipo de progreso para las mayorías populares, pero ¿Qué garantiza la no repetición de la violencia política? La construcción de la paz sólo puede ser posible a través de la recuperación de la memoria y el esclarecimiento de los crímenes del pasado, pero también, debe abrirse al debate en qué consiste la transformación y función del ejército en este nuevo período. 

Una tarea de diálogo ha comenzado, el estado de excepción que se volvió regla debe denunciarse con todas sus letras, de otra forma la barbarie seguirá venciendo y nuestros muertos no seguirán a salvo. Tiene razón Alicia de los Ríos Merino “no hay democracia con desaparecidos, no habrá verdad sin justicia y sin justicia no habrá paz”.