La derrota que marcó el sexenio de AMLO

En medio de una euforia triunfalista nunca antes vista, el 18 de enero de 2019 el país se convulsionó con imágenes que procedían de un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo: gente corriendo en la oscuridad convertida en piras humanas; gente quemándose viva, y gritando: “¡Ayúdenme, güey, me muero!”.

Habían picado un tramo del ducto Tuxpan-Tula, a la altura de Tlahuelilpan. Un testigo declaró a EL UNIVERSAL que la gente del poblado llevaba varios días sin poder llenar sus tanques de combustible.

Aunque en Tlahuelilpan la ordeña de ductos era práctica común entre grupos delictivos al menos desde 2017 –el año del llamado “gasolinazo” –, en aquella ocasión una buena parte de los habitantes de la comunidad se acercó al campo de San Primitivo para llenar autos y camionetas con bidones, cubetas y todo tipo de recipientes.

La reportera Jocelyn Sánchez relató cómo la gente se mojaba bajo el chorro del combustible “y les parecía gracioso”. Ejército y Policía Federal se acercaron: “Hey, señores, aléjense, les va a hacer daño respirar tanto eso”.

El entonces secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, dijo que Pemex recibió el reporte de la fuga a las 14:30 de aquel día. Dijo que “no fue considerada una fuga relevante“.

Pemex no cerró las válvulas sino hasta las 18:50.

Más de cuatro horas después del reporte, y a dos horas de distancia de la llegada de los militares –que decidieron replegarse, según la orden presidencial vigente, “para evitar confrontaciones” con la población.

Vino entonces una pavorosa explosión y el campo de San Primitivo se convirtió en el campo de la muerte.

137 muertos. La mayor parte de ellos, quemados vivos.

Ayer se cumplieron cuatro años. En el país acababa de desatarse un desabasto histórico de gasolina. Miles de automovilistas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Coahuila, Puebla, Tamaulipas, el Edomex y la Ciudad de México hacían enormes filas en las gasolineras.

Para poder cargar, el tiempo de espera era de hasta cinco horas. Y eso, en donde aún quedaba combustible dado que muy pronto las estaciones comenzaron a cerrar: en Guanajuato solo funcionaba el 15%; en Toluca dejó de dar servicio el 54% de las estaciones.

Hubo compras de pánico. El caos se prolongó durante dos semanas. La explicación oficial: se habían cerrado ductos dañados por el robo de hidrocarburos. Al mismo tiempo, se había dejado de comprar combustible para tirar el negocio, decía el presidente, de los huachicoleros de “cuello blanco”: en los puertos había barcos varados que no podían descargar.

Crecían las pérdidas en todos los sectores. El descontento social era evidente. López Obrador decía entonces tener soluciones para todo. Le pedía a la gente resistir “y tener confianza” mientras “se desenmaraña la red de complicidades”.

Decía que había un plan. Que su “estrategia” iba a dar resultados “evidentes” a partir del 21 de diciembre. Pronto anunció que su plan “aparentemente” estaba dando resultados porque el robo de combustible se había reducido prácticamente a la mitad. Era obvio que se había reducido porque los ductos estaban cerrados. Pero eso no lo dijo y tampoco lo dijeron sus entonces todavía eufóricos paleros.

El presidente insistía que había gasolina suficiente para abastecer a la población. Claudia Sheinbaum negaba el desabasto: decía que ni Pemex ni nadie se lo había reportado.

Se hablaba de detenidos, de cuentas congeladas: “Tenemos el control”, decía AMLO.

El 16 de enero de 2019 su gobierno anunció que había dado con la solución: se iban a comprar mil pipas para llevar el combustible a las estaciones, a fin de que “en dos meses el país cuente con un sistema alterno de distribución”.

“Tenemos todo un plan”, decía López Obrador. Y anunciaba que el despliegue de 10 mil efectivos militares garantizaría el abasto y terminaría con el huachicol.

En eso vino la explosión de Tlahuelilpan.

En septiembre de ese año, al dar su Primer Informe, el presidente afirmó que, con todo el dolor de Tlahuelilpan “a cuestas”, el robo de combustible se había reducido en un 94% y que eso permitiría recuperar 50 mil millones de pesos en 2019: “Se acabó el huachicol arriba y abajo”.

A cuatro años de Tlahuelilpan lo que se está acabando en realidad es el sexenio (la euforia se fue hace mucho), porque el robo de combustible no se ha acabado y continúa arrasando en Tamaulipas, Puebla, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Tabasco, Querétaro, el Estado de México y Nuevo León.

El fenómeno, según los expertos, sigue asociado al alza de los combustibles –que según las promesas de campaña de López Obrador bajarían de precio al tercer año de su gobierno.

Cuatro años después de Tlahuelilpan, cuatro años después del anuncio del fin del huachicol, el número de tomas clandestinas en el México de López Obrador (45, 254) ha superado ya a las del sexenio completo de Enrique Peña Nieto (43,598). Y faltan todavía dos años.

No. No se acabó el huachicol. Tampoco en esto “la estrategia está dando resultados”.