Ilegalidades cotidianas se cometen con la verificación vehicular denuncia grupo opositor

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El dirigente de la Asociación de Talleres para las Emisiones Vehiculares en Jalisco, Alejandro Gobel Gómez.

Una serie de presuntas ilegalidades se cometen a diario en los centros de verificación vehicular del estado de Jalisco, denunció aquí el dirigente de la Asociación de Talleres para las Emisiones Vehiculares en Jalisco, Alejandro Gobel Gómez, quien -entre otros argumentos- expuso que es totalmente falso que los recursos que se recaudan se apliquen en el fideicomiso del estero El Salado, ya que el gobernador no puede decidir el destino de los mismos.

En conferencia, este fin de semana, Gobel Gómez expuso que el fideicomiso que administra los recursos que se recaudan por el centro de verificación vehicular lo dirige una junta de gobierno, en donde no puede intervenir el gobernador para definir su destino.

“Si el gobernador dispone de esos recursos estaría incurriendo en un acto ilegal, ya que él no puede disponer al interior de la junta de gobierno de un fideicomiso, dado que la participación del Estado es mínima, y esto se decide por parte de la iniciativa privada”.

El dirigente del movimiento opositor a la verificación vehicular señaló que la empresa App Plus que presta el servicio, renta el equipo tecnológico con el que se realiza la verificación, lo que desde su perspectiva también es una irregularidad.

Además, Gobel expuso que otra ilegalidad consiste en que el gobierno federal aporta recursos a través del Ramo 16:

“El Ramo 16 está etiquetado para Medio Ambiente y Recursos Naturales, con lo que se le estaría pagando a la empresa que realiza la verificación, es decir, se subsidia con dinero público, lo que está fuera de la ley”.

Asimismo, argumentó que se tendría que realizar una prueba cada once minutos para que el verificentro sea sostenible, ya que según sus cuentas, para operar requiere 30 millones de pesos, lo que no se está recaudando, por lo que esa empresa estaría trabajando con números rojos, lo que supondría una quiebra técnica no reconocida, y en este caso subsidiada con recursos federales.