Denuncia señala que alcalde de Tequila se decía subordinado de “El Mencho”, líder del CJNG

Una denuncia integrada a la carpeta de investigación contra el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, señala que el edil se asumía como subordinado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien habría referido como “el patrón”.

De acuerdo con una denuncia presentada el pasado 3 de octubre por un regidor del Ayuntamiento de Tequila, y a la que tuvo acceso el diario Reforma, el alcalde habría pactado con el CJNG la entrega de 40 millones de pesos anuales, presuntamente provenientes del erario, a cambio de colaborar con el grupo criminal en la recaudación de recursos ilícitos dentro del municipio.

La denuncia señala de manera textual:

“Diego pactó con este grupo (CJNG) ofreciéndoles 40 millones de pesos por año, producto del erario, a cambio de que Diego trabajara recabando el dinero.”

En el mismo documento, el denunciante sostiene que el presidente municipal contaba con una estructura dentro del propio Ayuntamiento para operar dichas actividades ilícitas, lo cual también quedó asentado de forma literal:

“Tiene un gabinete que opera las extorsiones, cobro de piso, levantones y todo lo que él ordena para sacar dinero ilícito”.

Asimismo, la denuncia refiere que el propio edil se presentaba como subordinado del líder criminal, señalando textualmente:

“El patrón es ‘El Mencho’”.

Derivado de estas investigaciones, Diego Rivera Navarro fue detenido junto con otros tres servidores públicos del Ayuntamiento de Tequila, quienes también son investigados por presuntos actos de extorsión y vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con los reportes oficiales, los funcionarios detenidos ocupaban los cargos de:

• Director de Seguridad Pública Municipal

• Director de Catastro y Predial

• Director de Obras Públicas

Las detenciones se realizaron como parte de la Operación Enjambre, una estrategia implementada por autoridades federales y estatales para combatir la extorsión y la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial que confirme los señalamientos contenidos en la denuncia. Será la Fiscalía General de la República la encargada de definir la situación jurídica del alcalde y de los demás detenidos conforme avance el proceso penal, con apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.