Defensa de Genaro García Luna apela sentencia de 38 años por presuntas irregularidades en el juicio
FOTO: Especial
El 18 de diciembre, en el límite del plazo legal otorgado, los abogados de Genaro García Luna formalizaron el recurso de apelación contra su condena de 38 años de prisión y la multa de dos millones de dólares.
El equipo legal, encabezado por César de Castro y Valerie Gotlib, sostiene que el proceso judicial estuvo “irremediablemente contaminado”.
La apelación, integrada en un documento de 78 páginas, respaldado por 22 apéndices y casi 4 mil 600 fojas, busca cancelar la sentencia o que la corte ordene la reposición del juicio.
Según los litigantes, las autoridades vulneraron de manera sistemática el derecho al debido proceso del exsecretario de Seguridad Pública.
Un camino con obstáculos legales
La presentación de este recurso enfrentó diversas dificultades. La defensa señaló que el constante cambio de penales y el estado de incomunicación al que fue sometido García Luna retrasaron la integración de los argumentos.
Tras esta entrega, el proceso seguirá un protocolo establecido:
- Los fiscales estadounidenses revisarán los agravios y presentarán una respuesta formal ante la Corte.
- La defensa tendrá una última oportunidad de réplica.
- Finalmente, la Corte de Apelaciones emitirá una resolución definitiva.
A continuación, desglosamos los ejes centrales en los que se basa la defensa para impugnar el veredicto emitido en febrero de 2024 en Brooklyn:
1. El uso de testimonios presuntamente falsos
La defensa afirma que dos testigos clave cometieron perjurio. El primero es Francisco Cañedo Zavaleta, quien narró un supuesto secuestro de Genaro García Luna por parte de los Beltrán Leyva.
Los abogados presentaron pruebas de que, el día de los hechos, el exfuncionario estaba en el Hospital Ángeles pagando una cuenta médica de su esposa.
Además, señalan que Zavaleta mintió sobre su corporación y que su testimonio tuvo móviles políticos, al haber entregado su historia a la hoy gobernadora Layda Sansores y a la revista Proceso antes que a las autoridades.
El segundo es Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila. La defensa sostiene que su relato es cronológicamente imposible.
Dado que mencionó visitas a un búnker de la Policía Federal que aún no existía y demostraciones del software Pegasus, herramienta que nunca fue adquirida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
2. Ocultamiento de evidencia exculpatoria (Brady)
Un punto crítico es la acusación de que la fiscalía ocultó documentos que beneficiaban al acusado. Entre ellos, registros de agencias como la CIA y la DEA que avalaban el perfil de García Luna tras someterlo a pruebas de polígrafo y reuniones de alto nivel.
Asimismo, denunciaron que se omitió informar al jurado que al menos uno de los testigos colaboradores siguió cometiendo delitos mientras negociaba su acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos.
3. Censura en el contrainterrogatorio
Los abogados reclaman que el juez Brian Cogan impidió interrogar a testigos como Sergio Villarreal “El Grande” y Harold Poveda “El Conejo” sobre conductas violentas y sexuales.
La defensa argumenta que, al ser un caso basado casi exclusivamente en testimonios sin pruebas físicas, limitar la exposición del perfil moral de los testigos violó el derecho a un juicio justo.
4. El “Mini juicio” patrimonial
La apelación cuestiona la exhibición de fotografías de una casa, un acuario y bienes de lujo. El propio juez Cogan admitió en privado que esto generó un “mini juicio” sobre la riqueza del exfuncionario que no estaba vinculado a los delitos imputados.
Bajo la Regla 403, esta evidencia debió ser descartada por ser “altamente prejuiciosa” y carecer de valor probatorio.
5. Una sentencia “irracional y desproporcionada”
Finalmente, la defensa califica como excesiva la pena de 38 años. Argumentan que:
- Se basó en supuestos intentos de soborno en prisión que nunca fueron probados.
- La multa de 2 millones de dólares es irracional, considerando que García Luna cuenta con abogados de oficio por falta de recursos.
- Comparado con otros exfuncionarios de alto nivel condenados por narcotráfico (quienes recibieron entre 16 y 24 años), la sanción es desigual.
