“Cuando la pensión alimenticia no llega, la infancia paga”

En los juicios familiares de alimentos, existe una figura jurídica que es muy conocida en todos los operadores de justica: “deudor alimentario moroso”; esta figura nace por declaración judicial ante el incumplimiento de la obligación de los padres de familia por más de 90 días naturales del pago de una pensión alimenticia ordenada por el Juez familiar.

Otro de los efectos son: “hijos esperando”, padres escondiéndose de su responsabilidad”, “cambian de trabajo”, “evitan notificaciones”, “niegan ingresos”, desaparecen de domicilios”; todo esto, con un mismo objetivo: no cumplir con la pensión alimenticia o cumplirla de manera parcial y no la que fue ordenada por el Juez familiar.

Y mientras eso ocurre, en el ámbito social, no hay un expediente, lo que si hay, son niñas, niños y adolescentes esperando un mejor pleno desarrollo de vida, quedándose corta una declaración judicial. Si bien, se obtiene una sentencia, se reconoce un adeudo, se declara deudor alimentario moroso, pero también es cierto que, solo queda en papel y en la realidad cotidiana de los tribunales, la vía civil muchas veces resulta insuficiente. Y es ahí donde el sistema comienza a apoyarse en otras materias del derecho, como es la vía penal, que deja de ser una opción lejana y se convierte en una herramienta necesaria. No para castigar por castigar. Sino para lograr lo que la vía civil muchas veces no consigue: “que el deudor alimentario cumpla”.

Porque hay algo que la experiencia enseña con claridad: “Hay deudores que no pagan, porque el sistema se los permite, estamos frente a una forma de abandono y el derecho penal lo reconoce en el Código Penal como el delito de  “abandono de familiares”, que la propia Corte ha determinado que no se trata de dejar un hogar, sino que su configuración se da cuando una persona incumple con su obligación de proporcionar alimentos, teniendo la capacidad de hacerlo; es decir, no pagar la pensión alimenticia no siempre es solo una deuda, en este caso, es una conducta que el propio sistema jurídico considera lo suficientemente grave como para sancionarla penalmente.

Y aquí es donde la realidad vuelve a mostrarse con crudeza. Para muchos padres (quien tiene la guarda y custodia), el camino no termina con obtener una sentencia favorable. Después viene otra etapa: Denunciar, acreditar el incumplimiento e iniciar un proceso penal. Todo esto mientras, del otro lado, las necesidades de niñas, niños y adolescentes no se detienen. No esperan a que el proceso avance. No entienden de términos jurídicos. No saben de estrategias legales. Solo necesitan lo básico para vivir.

Por eso, hablar de pensión alimenticia no es hablar de dinero. Es hablar de responsabilidad. Es hablar de dignidad. Es hablar de infancia. Porque cuando un padre se esconde para no cumplir, cuando evade, simula o retrasa el proceso, no solo está evitando una obligación legal. Está abandonando a sus hijos.

Por eso es necesario decirlo con claridad: Hijos esperando. Padres escondiéndose. Y un sistema que aún tiene que aprender a responder con eficacia. Porque al final del proceso, de los escritos, de las audiencias y de las resoluciones… la verdadera pregunta no es jurídica. Es humana:

¿Cuánto tiempo más debe esperar un niño para que un adulto cumpla con su responsabilidad?

Pero también es momento de asumir una responsabilidad colectiva. El problema no se resuelve únicamente en los tribunales, ni termina con una sentencia o con la apertura de una carpeta de investigación. La realidad nos exige algo más profundo: conciencia social y compromiso institucional. Como ciudadanía, debemos dejar de normalizar el incumplimiento. No es “un problema de pareja”, no es “un tema privado”; es una afectación directa a niñas, niños y adolescentes que dependen de los adultos para su desarrollo. Señalar, exigir y no justificar estas conductas también es una forma de justicia.

Y como operadores jurídicos —abogados, jueces, ministerios públicos— debemos actuar con mayor responsabilidad, ética y valor. Valor para no tolerar simulaciones, para no permitir estrategias dilatorias, para no reducir estos casos a simples expedientes. Valor para utilizar todas las herramientas legales disponibles —civiles y penales— con un solo objetivo: que el derecho deje de ser discurso y se convierta en realidad.

Porque el sistema jurídico no es insuficiente por sí mismo; se vuelve insuficiente cuando quienes lo operan dejan de ejercerlo con firmeza. Hoy más que nunca, el llamado es claro: hacer que las resoluciones se cumplan, no solo que se dicten. Porque al final, la justicia no se mide en sentencias emitidas, sino en derechos efectivamente garantizados. Y en materia de alimentos, garantizar ese derecho significa algo muy simple, pero profundamente urgente:

“que ningún niño tenga que seguir esperando”

“Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón”