Cuando el lenguaje de los derechos se usa para evadir responsabilidades
La perspectiva de género ha sido una herramienta fundamental para que la justicia reconozca desigualdades que durante años permanecieron ocultas. Gracias a este enfoque, hoy se analizan los casos con mayor sensibilidad frente a contextos de violencia y relaciones de poder que antes se ignoraban. Sin embargo, cuando se aplica sin cuidado ni contexto, puede terminar siendo utilizada con fines contrarios a los que le dieron origen.
En los tribunales comienza a instalarse la idea de que basta con declararse parte de un grupo protegido para exigir automáticamente que un caso sea juzgado con perspectiva de género. El problema es que la perspectiva de género no funciona como una etiqueta, sino como una forma de analizar si existe una desventaja real entre las personas involucradas. No es un privilegio procesal ni una garantía automática.
El caso recientemente conocido en Durango del abogado Cristian Janet Montenegro Chairez, pidiendo al juez perspectiva de género, mostrando su nueva acta de nacimiento y nuevo sexo, el “femenino”, y de esta forma se convirtió legalmente en mujer para no pagar la pensión alimenticia. Este es un ejemplo claro de esta distorsión. Más allá de los nombres y de las particularidades del caso, lo verdaderamente alarmante es el mensaje que deja: cuando el juez se paraliza frente al uso estratégico del lenguaje de los derechos, quien queda en mayor riesgo no es la parte adulta en litigio, sino la niñez. En estos escenarios, el interés superior de niñas y niños se diluye entre formalismos, silencios judiciales y decisiones que evitan analizar el fondo del problema.
Las consecuencias más graves de esta distorsión no recaen únicamente en las personas adultas en conflicto. Las niñas y los niños quedan atrapados en procesos donde se discuten categorías y formalidades, pero se olvida lo esencial: su bienestar y su seguridad. El interés superior de la niñez no puede quedar subordinado a debates mal planteados ni a decisiones que evitan analizar el fondo del problema.
Permitir que el lenguaje de los derechos se utilice para eludir obligaciones básicas (como el cuidado, la crianza o el sostenimiento de los hijos) no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera violencia institucional. La justicia pierde legitimidad cuando, en nombre de la igualdad, termina reproduciendo nuevas formas de injusticia.
El verdadero reto para juezas y jueces no es decidir si aplican o no la perspectiva de género, sino cómo hacerlo con responsabilidad. Reconocer identidades y derechos no implica renunciar al análisis del contexto, ni cerrar los ojos ante antecedentes de violencia o conductas evasivas. Juzgar con perspectiva de género exige rigor, valentía y compromiso con la justicia material.
La perspectiva de género no es un atajo ni un escudo para evadir responsabilidades. Aplicarla sin contexto no es justicia: es violencia institucional. Cuando el miedo a decidir reemplaza al análisis, quien pierde no es el proceso, sino la niñez y la justicia misma.
