En México, el crimen organizado no solo afecta a comerciantes y empresarios, sino también a maestros y maestras de escuelas públicas y privadas, extendiendo su red de extorsión y cobro de piso a los educadores y sus familias. De esa forma, también se golpea la vida económica e integridad de los maestros de México.
Durante el sexenio que está por concluir, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se han abierto 299 carpetas de investigación por extorsión y 12 por cobro de derecho de piso, según datos de las fiscalías de las 32 entidades de la República Mexicana.
De acuerdo con una investigación de El Universal, Oaxaca encabeza la lista con 91 casos de extorsión registrados, seguido por Nuevo León con 53, Chihuahua con 36, Baja California con 27, Guerrero con 20, Tamaulipas con 19, y Puebla con 12.
Estos datos reflejan una preocupante realidad que afecta a los docentes, quienes enfrentan amenazas por querer transitar ciertos caminos, para evitar robos o golpizas, o simplemente por exigencias monetarias que van desde 250 mil hasta un millón de pesos para proteger a sus familias y propiedades.
En estados como Sinaloa se han reportado nueve casos de extorsión a docentes, Sonora seis, Michoacán cinco, San Luis Potosí y Guanajuato cuatro cada uno, y Jalisco tres. Las fiscalías de estos estados continúan recabando información y brindando apoyo a las víctimas, explicó ese medio de comunicación en su publicación de hoy lunes 22 de julio del 2024.
Nuevo León también destaca por el cobro de piso a docentes, con 10 carpetas de investigación abiertas, mientras que Tamaulipas registra dos casos. Estas cifras ponen de manifiesto la creciente presión y los riesgos a los que están sometidos los maestros, quienes no solo deben preocuparse por su labor educativa, sino también por su seguridad y la de sus seres queridos.
