Corte atenderá las acciones inconstitucionales contra Plan B
Pese a la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para aplazar el análisis de las acciones de constitucionalidad en contra de la reforma electoral, el próximo lunes 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el proyecto que busca anular una parte del Plan B.
La Corte por unanimidad determinó que no era factible la solicitud de la Consejería, por lo que se fijó el 8 de mayor y el ser de carácter electoral debe resolverse antes que el próximo proceso comicial.
“Al respecto, las 11 ministras y ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral”, así lo externó en un comunicado la presidenta del Máximo Tribunal, Lucía Piña Hernández.
El pleno discutirá la propuesta de anulación de las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que integran la primera parte del llamado plan B.
La JEF pidió a la Suprema Corte que, por seguridad jurídica, resolviera sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Comunicación Social efectuada en mayo de 2018, antes de un pronunciamiento acerca de la reforma, no obstante la corte determinó analizar primero el tema electoral.
“El pleno consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma”.
Cabe descartar que el proyecto a discutirse el lunes, resolverá las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos, diputados y senadores de oposición, en contra del decreto del 27 de diciembre de 2022, en el que se publicaron reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, mismo que fue admitido a trámite y presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán.
Pérez Dayán propondrá al pleno de la Corte la invalidación de las reformas a las leyes que integran la primera parte del plan B, por considerar que en su aprobación el Congreso de la Unión incurrió en faltas y omisiones en el proceso legislativo.
