Control de intereses
Desde la sucesión presidencial en México el año pasado y la llegada de Donald Trump empezando 2025, el ambiente de incertidumbre sigue perdurando en las distintas esferas económicas y políticas no sólo del país, sino de todo el mundo, y los retos, en este sentido, no son menores.
Además, los conflictos geopolíticos y comerciales siguen generando un sentimiento de desconfianza sobre el desempeño de la economía nacional, sobre todo si se considera que el Producto Interno Bruto podría registrar un avance inferior al 1% durante el primer trimestre del año.
El gobierno mexicano recurre cada vez más a los controles o los “acuerdos” de precios. Lo ha hecho con el gas LP, la gasolina y algunos productos de la canasta básica. Ahora lo quiere hacer con las tasas de interés.
El gobierno puede hacer mucho para reducir las tasas de interés, pero no lo está haciendo. La medida más eficaz sería disminuir su déficit de presupuesto.
En su definición más amplia, los requerimientos financieros del sector público, éste alcanzó en 2024 un nivel de 5.7 por ciento del PIB, el más alto desde 1989. Son 1.94 billones de pesos, 35.3 por ciento más en términos reales, o sea, descontando la inflación, en 2023.
Al tener que endeudarse por este monto extraordinario, el sector público reduce de forma significativa los recursos disponibles en los mercados de crédito y eleva las tasas de interés.
Bajar el enorme déficit de presupuesto que López Obrador le heredó a la actual administración no solo dejaría más recursos para prestar al sector privado, sino que disminuiría la presión inflacionaria general. Al reducirse la inflación, habría también una caída natural de los tipos de interés.
El gobierno, sin embargo, puede hacer mucho más para reducir los intereses. El marco regulatorio de nuestro país es muy deficiente y los procesos de cobro resultan largos, complejos y costosos. Si a los bancos se les permitiera cobrar sus préstamos de manera rápida y fácil, los intereses bajarían de manera natural.
Al mantener leyes y reglas que protegen a los morosos, los legisladores suben los intereses a los prestatarios cumplidos. Sin embargo, en México subsiste la cultura del Barzón, de aquel que contrata créditos para después negarse a pagar.
Un mejor sistema de justicia ayudaría mucho a reducir los riesgos crediticios en México y, por lo tanto, a bajar las tasas de interés; pero la reforma judicial que está impulsando la 4T, lejos de mejorarlo, lo empeora.
En efecto, introduce un fuerte elemento de incertidumbre al dar nombramientos de jueces por elección popular, sin certeza de que cuenten con conocimientos jurídicos adecuados. Dicho riesgo se debe cuantificar y cobrar en las tasas de interés, de ahí que resulten altas.
La presidenta Sheinbaum tiene razón cuando dice que la economía crecería más si los intereses fueran menores. Por eso también Donald Trump está presionando a la Reserva Federal de Estados Unidos para que baje su tasa de referencia.
Pero es un error establecer controles o presionar al banco central para que disminuya artificialmente sus tasas.
El gobierno puede ayudar a bajar los intereses, pero reduciendo su déficit o bajando los niveles de riesgo crediticio. Cualquier otro camino puede ser artificial y tener al final un costo demasiado elevado.
