CNDH respalda a Yussara Canales contra impuesto a turistas (Video)

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional el artículo 80 Bis de la Ley de Hacienda del municipio de Puerto Vallarta, que permite cobrar cinco dólares a cada turista extranjero. Este posicionamiento respalda las denuncias hechas desde febrero por la legisladora local Yussara Canales González, quien se opuso frontalmente a la medida.

Desde el Congreso de Jalisco, Yussara Canales denunció que el cobro violaba principios fundamentales como el libre tránsito, la legalidad y la no discriminación. La diputada había advertido que la propuesta del ayuntamiento vallartense ponía en riesgo la imagen del destino y la dignidad de los visitantes.

En su momento, Canales fue objeto de críticas por parte de algunos legisladores, quienes incluso intentaron silenciarla durante su intervención en tribuna. Sin embargo, con la resolución de la CNDH, sus argumentos toman fuerza jurídica y política.

La CNDH solicitó a la SCJN declarar la inconstitucionalidad del artículo, suprimirlo del marco legal jalisciense y prevenir al Congreso estatal de repetir disposiciones similares en el futuro. Para Yussara Canales, esto representa un reconocimiento a la lucha por políticas públicas basadas en el derecho, no en la improvisación.

La legisladora recordó que el cobro carecía de mecanismos claros para identificar a los turistas extranjeros, lo que podía derivar en actos discriminatorios. También señaló que un fideicomiso opaco manejaría los fondos recaudados, aumentando el riesgo de corrupción.

Canales comparó la iniciativa con medidas antimigrantes, acusando al alcalde de Puerto Vallarta de usar “el manual de Donald Trump, pero en versión fiscal”. Consideró que imponer un peaje a los turistas era un error estratégico que afectaría la competitividad frente a destinos cercanos como Bahía de Banderas.

En su reciente posicionamiento, Yussara Canales insistió en que el turismo no debe ser tratado como una fuente inagotable de ingresos, sino como una actividad que requiere visión, legalidad y respeto. Reiteró su compromiso con una política turística justa e incluyente.

AT

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Valeria Mireles