Cienfuegos, la soberanía nacional y la justicia

Hay un escenario complejo que se abrió a partir de la detención por parte de las autoridades federales de Estados Unidos del General Salvador Cienfuegos Zepeda. Mismo que debe ser analizado puntualmente para evitar caer en una confrontación inducida desde el exterior entre la cúpula militar y la presidencia de la república. 

No es la primera vez que la Administración de Control de Drogas (DEA) realice una investigación completamente desaseada, y con otros fines, sobre todo políticos para encubrir operaciones de otras agencias en territorio mexicano. 

Basta recordar la tortura y el asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena, y que la DEA ante toda la evidencia en contra de la CIA decidió no seguir con la investigación del caso, más bien se llevó a cabo un encubrimiento como lo denunció el exagente Héctor Berréllez. 

Y es que, la DEA decidió callar ante el asesinato de uno de sus agentes, ya que la CIA, según la investigación de Berréllez, tenía acuerdos con Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo para financiar con dinero de la droga exportada a Estados Unidos a los contras nicaragüenses. 

La necropolítica que se fundó a partir de la década de los noventa tuvo este pacto oscuro entre paramilitares de Centroamérica, narcotraficantes colombianos, mexicanos y estadounidenses, aparatos de seguridad mexicanos y con algunas agencias de seguridad del vecino país del norte. 

No es casual el incremento de la presencia del narco en la vida pública de México, que terminó siendo uno de los factores esenciales con los cuales se formuló un acuerdo con ciertos sectores del ejército mexicano para realizar la “guerra contra el narcotráfico” a cambio de mantener lealtad al usurpador de la presidencia de la república en 2006. 

Este poder que se le concedió a las fuerzas armadas, sin combatir de facto los orígenes que provocaban el aumento del fenómeno criminal del narcotráfico, llevó a acciones que en múltiples ocasiones llevaban a la violación de derechos humanos.

Esta amalgama que resultó de la complicidad en diversos niveles de gobierno tanto en México como en Estados Unidos acrecentó las posibilidades de grupos delictivos para actuar con impunidad, e incluso de llegar a acuerdos para no terminar toda su vida en la cárcel, como fue el caso del hijo del Mayo Zambada, documentado por la periodista Anabel Hernández.

Y tuvo consecuencias nefastas para la sociedad, misma que padece esta nueva realidad, y que hoy en día aqueja a todo México. De hecho, dos actos son los que aún quedan pendientes por parte de la justicia mexicana para ir cerrando las heridas abiertas. 

Por un lado, la actuación del ejército en la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no ha sido esclarecida y no han sido a llamar a cuentas todos los involucrados en este infame crimen de estado, sobre todo los adscritos al 27 Batallón de Infantería. 

Por el otro, está pendiente también la investigación a fondo de lo ocurrido en la masacre de Tlatlaya con la actuación del 102º Batallón de Infantería, es evidente que la línea de mando del ejercito debió tener el conocimiento sobre estos hechos, y tanto el encubrimiento como el crimen han quedado aún impunes.

Todos estos elementos han llevado a varios sectores críticos a determinar que el General Cienfuegos era responsable de los delitos imputados por la DEA, incluso sin revisar las pruebas presentadas en el caso. Y es que, estos sectores han venido manteniendo una posición crítica ante las fuerzas armadas, justo por las diversas violaciones a los derechos humanos y a la legitimación del fraude electoral a partir de iniciar una guerra contra el narcotráfico, que ha traído una estela de muertos, y que en sus cifras se puede comparar con países en guerra como Siria. 

El General ex secretario de la Defensa fue absuelto en Estados Unidos, a pesar de tener una investigación de 8 años, y es que las pruebas hasta ahora presentadas al Gobierno mexicano muestran un proceso sumamente desaseado, ya que no existen elementos para procesarlo. 

Esto muestra entonces una vía que no es la jurídica, sino que más bien versa en lo político, y es que precisamente la detención del General se da en el marco de las elecciones americanas, y justamente esto debe leerse como el uso del discurso antimexicano lleno de violadores y delincuentes. 

Esta narrativa beneficiaría en primer lugar a las presiones que las agencias de seguridad de Estados Unidos han llevado a cabo para que México se involucre cediendo su soberanía nacional en términos de seguridad nacional al país vecino, mismo que no ha sucedido durante toda esta administración. Lo que ha molestado profundamente a quienes antes se movían como pez en el agua sin ninguna restricción. Cabe ver por ejemplo la detención del Chapo Guzmán operada por completo por agentes norteamericanos, sin que se rindieran cuentas en el país.

La respuesta de la Fiscalía General de la República ha sido no sujetarse al juego político y a teñirse a lo legal. En ese sentido, la operación que se ha generado desde México es una acción de Estado. No determinar el accionar de la nación a intereses extranjeros.

El presidente López Obrador ha sido más fuerte, y es que ha declarado que este caso está fabricado por parte de la DEA. Vale la pena preguntar si esto no beneficia a ciertos sectores que han alentado el golpe blando y que no han encontrado eco en las fuerzas armadas, debido al acuerdo que ha establecido el presidente con el ejército, justo cuando había voces dentro de este sector que se rebelaban a la autoridad de su comandante supremo.

La respuesta de no haber ejercido el ejercicio de la acción penal al mismo tiempo que se publicó el reglamento para el funcionamiento de las agencias extranjeras a partir de la Ley de Seguridad Nacional, son sin duda un claro mensaje para intentar mantener el equilibrio al interior de México. 

Vale la pena apuntar, que, en este escenario, el movimiento social que acompaña a la cuarta transformación, y más aún el movimiento social de izquierda más crítico a este proceso, deben impulsar con mayor fuerza la justicia tanto en el caso Ayotzinapa y Tlatlaya, más los múltiples casos de violación de derechos humanos, para que no sea el intervencionismo quien defina lo que la justicia debe regir en nuestro país. Es hora de romper la pax narca.