Caso Lozoya se definirá en noviembre

En noviembre próximo será cuando se defina si la Fiscalía General de la República (FGR) continúa o no con la acusación en contra de Emilio Lozoya Austin, o bien se alcanza un acuerdo en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, por los que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) está vinculado a proceso.

La jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal, Verónica Gutiérrez Fuentes, agendó para el 4 y 7 de noviembre próximos las audiencias intermedias en el caso.

Apenas el 12 de abril pasado, un juez de Control canceló la audiencia en la que se definiría el criterio de oportunidad al cual apela la defensa del exfuncionario de Pemex. 

Ello, precisamente porque se estaba redactando el acuerdo reparatorio para evitar que Lozoya Austin vaya a juicio.

Hasta el momento, el exdirector de Pemex ha hecho una oferta de 10.7 millones de dólares como reparación de daños a cambio de que la fiscalía  desista. Sin embargo, ambas posibilidades se retrasaron ya  que, según argumentó la petrolera, faltaba documentación para garantizar la reparación del daño de más de 10 millones de dólares ofrecida por Lozoya Austin.

Actualmente, el exdirector de Pemex está vinculado a proceso por lavado de dinero por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, y por lavado de dinero y  asociación delictuosa por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para beneficiarla con contratos de obra pública.

La FGR solicitó a la justicia federal la pena de 15 años de cárcel para Lozoya Austin en el proceso que se le sigue por la planta Agro Nitrogenados, que se suman a los 39 años de prisión que ya había solicitado por el caso Odebrecht.

Por otro lado, el mes pasado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a Pemex dar a conocer las propuestas de reparación de daño que le hicieron llegar Lozoya Austin  y sus abogados en 2021 y 2022 por los casos Agro Nitrogenados y Odebrecht. 

Lo anterior, luego de que una persona solicitó dicha información, misma que le fue negada porque está reservada, ya que “revelarla podría obstaculizar la persecución de los delitos, el debido proceso y vulnerar la conducción de los expedientes judiciales”.