Multan a regidores y autorizan pago de 120 millones de pesos por terreno del Basurero Magisterio
Por fin se logró solucionar un problema que se venía arrastrando desde hace 38 años. Al presente Ayuntamiento le tocó la etapa ejecutoria, y cada regidor se hizo merecedor de una multa por 13 mil 576 pesos, y con la amenaza de que, de no cumplir, seguirían otras sumas, destitución del cargo y arresto por desacato. Con esto, aprobaron una indemnización por 120 millones de pesos al heredero del ejidatario de Las Juntas, Gregorio Espinoza Mendoza, por el incumplimiento en su momento del pago por su parcela donde se construyó el basurero al norte de Puerto Vallarta, conocido como Magisterio, que después funcionó como centro de transferencia.
En sesión de Cabildo, los 14 munícipes —solo faltaron Marcia Bañuelos e Iroselma Dalila Castañeda— respaldaron la negociación lograda por el síndico del Ayuntamiento, Francisco Sánchez Peña, quien les notificó de la sentencia impostergable de un viejo juicio, por la cual el municipio debía pagar 808 millones de pesos al señor Gregorio Espinoza Mendoza, quien en 1987 vendió su parcela en El Divisadero, al norte de El Pitillal, para el llamado “Basurero Municipal”. En ese tiempo, el acuerdo fue por 20 millones de pesos, pero la autoridad en turno no cumplió, y las siguientes administraciones heredaron el problema; la inflación elevó la cantidad y hoy ya era impostergable la sentencia del Tribunal Unitario Agrario 13.
El doctor Sánchez Peña advirtió que se trata de un tema delicado. En 2003 se reconoció el adeudo, pero nuevamente no se cumplió, por lo que se presentó una demanda agraria. Tras agotarse todas las etapas procesales y dada la imposibilidad de restituir la propiedad, se condenó al Ayuntamiento al pago indemnizatorio por 808 millones de pesos.
El Ayuntamiento agotó todos los medios de defensa, pero ante la falta de pago fue condenado con índice inflacionario, alcanzando 808 millones 356 mil pesos, lo que representa una tercera parte de los egresos municipales. El síndico señaló que la cifra era impagable, pues pondría en riesgo el cumplimiento de servicios públicos y nómina.
Indicó que el problema “creció como bola de nieve” y fue postergado por varias administraciones hasta llegar a la actual, sin posibilidad de defensa. En junio pasado fueron requeridos para el pago y solicitaron una prórroga, otorgada el 7 de octubre para continuar negociando, pero al no cumplirse se impusieron multas a los ediles por 13 mil 576 pesos, con advertencia de sanciones más severas en caso de desacato.
La negociación permitió reducir la deuda a 120 millones de pesos, comprometiéndose a pagar 60 millones de anticipo y 60 millones en 20 años. El primer pago de 15 millones será el 30 de enero, y los siguientes el 27 de febrero, 30 de marzo y 30 de abril por la misma cantidad.
El resto, 60 millones, se programó en 20 pagos anuales de 3 millones cada año (de 2027 a 2046), sin generar intereses ni poner en riesgo la operación del Ayuntamiento, lo que representa un ahorro de 688 millones 356 mil pesos.
Se puntualizó que el terreno tiene 8.5 hectáreas, y que se pagará a razón de 1,427 pesos por metro cuadrado, cuando la condena inicial era de 9,613 pesos, lo que representa una reducción del 80%.
A petición del síndico, se votó a favor la declaratoria de urgencia y dispensa de trámite para el cumplimiento del juicio agrario, y se instruyó a la Tesorería Municipal a erogar los recursos y considerarlos en el presupuesto de egresos de los próximos ejercicios fiscales.
Con una sonrisa, Francisco Sánchez Peña externó que lograron una “negociación de lujo”, aunque exhortó a que nunca más se repita una omisión de tal magnitud y que las futuras administraciones no permitan que un problema así crezca por décadas.
