Anuncia EU norma que restringe acceso

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El gobierno encabezado por Joe Biden promulgó una norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, regla que venía de la administración anterior la cual permitía devoluciones exprés de migrantes.

La nueva norma califica como “no aptos” a pedir asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección de un tercer país.

Esto forma parte de las medidas tomadas desde este jueves cuando se levantará el Título 42, por el que han sido expulsados hasta 2.5 millones de migrantes en los últimos tres años.

CBP One

Ahora para solicitar asilo en Estados Unidos se hará de manera digital por medio de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.

Para solicitar asilo por medio de la app se ofrecerán unas mil citas diarias, cantidad que podrá aumentar dependiendo de la capacidad.

Quienes no sigan el procedimiento de manera adecuada serán declarados no aptos para pedir asilo, serán deportados y se les prohibirá la entrada a Estados Unidos durante cinco años y podrán enfrentar cargos penales de reincidir, los únicos que contarán con alguna excepción serán quienes demuestren que se les haya negado asilo anteriormente en un tercer país o de tener barreras tecnológicas o de lenguaje para el uso de la aplicación.

Quienes sean arrestados cruzando la frontera y se les dé la oportunidad de presentar su caso de asilo, a través de una entrevista de “miedo creíble” deberán hacerlo mientras esten en detención.

También se detalló que Estados Unidos aumentó el número de vuelos de deportación a países de la región y llegó con México a un acuerdo para recibir hasta 30 mil migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba deportados al mes.

Como parte del refuerzo de personal, el gobierno estadounidense desplegará 24 mil oficiales en la frontera, además de 400 voluntarios.

Varias organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch criticaron la norma definiéndola como una “violación a los derechos humanos y de la ley” internacional.

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