Antigolpismo democrático
El ejercicio de revocación de mandato ha sido un triunfo político indiscutible. Es importante sacar lecciones estratégicas de lo que se jugó este domingo 10 de abril que no fue nada menor. A contrapelo del ruido en las redes que desean ilusamente borrar la realidad, esta se impuso y le ha dado un descalabro a toda la oposición.
No se puede reducir lo acontecido a un ejercicio de revisión cuantitativa o cualitativa, o peor aún, caer en la trampa de comparaciones que muchas de las veces resultan absurdas. Ha sido extremadamente enriquecedor ver la movilización social de la que hemos sido testigos, pero reducirla a una operación matemática sin ver la totalidad de la función histórica es no valorar a profundidad los caminos positivos que se han abierto.
Demos una repasada a los números para después dar cuenta de su positiva contribución histórica a la vida democrática del país. Según informó el Instituto Nacional Electoral la participación ciudadana se situó entre el 17 y 18.2 por ciento del padrón electoral, es decir entre 16 y 17 millones de personas registradas acudieron a las urnas. De estas el 91 por ciento votaron para que el presidente termine su mandato.
Todo esto con apenas un tercio de las casillas instaladas de las que se instalan durante una elección federal como es el caso. Fue una elección inédita en la vida pública tanto por el mecanismo de democracia participativa que se inaugura como en la fecha a celebrarse, y es que se eligió un domingo cuando las vacaciones de semana santa ya están en curso. A eso debería agregarse que en el país nunca se habían celebrado elecciones en abril y el constante sabotaje por parte del árbitro electoral. Se tuvo pues una gran participación ciudadana que rompió toda previsión tanto de los que fomentaron el ejercicio como de los que se negaron a hacerlo.
De forma bastante interesante se habló tanto del pasado o del futuro para dar cuenta de los motivos de los ciudadanos que acudieron a las urnas. En el caso del pasado hubo intervenciones que apelaban al sentido común, ¿Qué hubiera pasado si pudiéramos activar este mecanismo antes de que el presidente Ernesto Zedillo consumase el FOBAPROA? ¿Qué hubiera sucedido si se le aplicara al presidente Vicente Fox después de la traición a la transición? ¿Qué país hubiéramos podido evitar si se le sacaba al espurio de Felipe Calderón después de haber declaro la guerra en nuestro país lo que desató los miles de victimas que hoy tenemos?
O de futuro cuando nos plantean la posibilidad de usar este mecanismo si en algún momento se vive una traición al pueblo de México a partir de que un gobierno no mantenga su plataforma electoral y se vuelque a intereses contrarios a los de la mayoría.
Todo esto hace sentido, pero deja de lado quizás lo más importante que estuvo en disputa en este ejercicio, nuestro presente.
El balance que el presidente López Obrador hizo respecto de la historia reciente de nuestro país, así como de la historia en términos de larga duración como gusta realizar, lo llevó a colocar una estrategia política, no sólo de sobrevivencia, sino de consolidación de su proyecto. Hizo de un elemento defensivo un paso para profundizar el avance de su transformación.
Respecto de nuestra historia reciente, hay que recordar que la lucha democrática de este país viene de resistir fraudes electorales a la par del magnicidio del candidato presidencial de 1994.
En el momento en que las élites estabas desmantelando el Estado mexicano no dudaron en desechar a la clase política que le estorbaba. A partir de ahí la transición se dio solamente como un simulacro, lo que se refrendó en el primer golpe de estado preventivo de este siglo XXI en América Latina: el fraude electoral de 2006.
Este fraude además tuvo que reforzarse con otro en 2012, que dependió de comprar la presidencia de la República, el poder del dinero se impuso a juego de corromper en todos los sentidos a nuestras instituciones, incluida la electoral que se negó a sancionar las operaciones financieras de MONEX.
Justo así pudieron modificar la Constitución política para despojar de la riqueza de los recursos naturales estratégicos a la nación. Lo que en otras latitudes requirió de una guerra, en nuestro territorio se llevó a cabo a partir de una operación de corrupción e impunidad de todo el sistema.
La historia vista en larga duración puede dar cuenta de la intervención del extranjero en nuestro país, tanto los elementos que tuvieron que enfrentar los liberales para mantener unificada a la república después del gran zarpazo de 1848, como de los elementos que convulsionaron al país en 1910, pero que se profundizaron aún más a partir del asesinato de Madero en 1913 con la planificación del golpe de Estado entre el traidor Victoriano Huerta y el embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson.
A esto habría que agregar algo que el propio López Obrador fue observando durante los primeros años del siglo XXI en América Latina, y es que una serie de golpes de estado se llevaron a cabo contra los gobiernos progresistas, sea en forma de complicidad entre el ejército como el caso de Honduras o Bolivia, o desde el poder judicial y los medios de comunicación como en Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador el llamado lawfare.
Nuestro presente es lo que, ante todo, estuvo en disputa este 10 de abril. La estrategia del presidente López Obrador para cerrar el paso a las pretensiones golpistas de desestabilizar al gobierno y no dejarlo terminar fueron canalizadas en una disputa no violenta sino democrática, una disputa en las urnas a través de la movilización social. Las élites han vuelto a ser descarriladas en su pretensión de recibir apoyos desde el extranjero para detener el proyecto de transformación.
El presidente López Obrador ha sabido leer la historia, y es que la organización de la movilización social ha sido fundamental para desarrollar un mecanismo democrático antigolpista, que ha resultado sumamente efectivo, y que le ha dado un respaldo político inédito en la historia contemporánea.
Desde el inicio de su mandato voces muy atrasadas dentro del ejército llegaron a insinuar que se debía detener al presidente. La propia oposición intentó crear un relato de ingobernabilidad con la ayuda de las redes sociales intentando manipular a la opinión pública. De hecho, la ultraderecha se ha apoderado del discurso político de la oposición, que la ha obligado a destruir los puentes de diálogo, lo que los ha llevado a su extinción electoral. La actitud golpista de la élite está teniendo consecuencias nefastas para la clase política representante de la derecha liberal, a la que están subordinando, y usurpando en sus liderazgos.
Está movilización social ha encontrado en las urnas democráticas una expresión de su respaldo, y sobre todo su negativa, contra los intentos de desestabilización al presidente de una cierta clase política y empresarial que ha pedido y recibido apoyo desde el extranjero. Habría que celebrar los resultados, y eso es lo que ha hecho el presidente López Obrador, que se ha dicho listo para profundizar en los próximos dos años y medio que restan la transformación que le han mandatado las urnas.
